El Congreso de los Diputados vivió este lunes una sesión vergonzante con la lucha contra la violencia de género como protagonista secundaria. En la primera comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, el insulto y la descalificación se aliaron de la mano del negacionismo ultraderechista para eclipsar el verdadero fundamento de la comisión y, por ende, de la comparecencia. Lo más lamentable fue el espectáculo ofrecido por el PP, que sigue apostando por competir en terreno fangoso con Vox.
La ministra compareció a petición propia para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno para proteger a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, a partir de la constatación de su mayor vulnerabilidad al estar confinadas, en muchos casos, con su agresor. Y la oposición, encarnada en la derecha extrema de Vox pero también en el otrora partido de Estado que fue el PP, dio cumplida cuenta de su inquina hacia lo que rezume feminismo e igualdad. A la matraca ya conocida de las manifestaciones del 8M como causantes de la propagación del virus, que no por reiterada deviene cierta, se unió la no menos consabida de llamar en masculino a la presidenta de la comisión, Beatriz Carrillo. La diputada socialista, igual que hiciera hace unos meses la presidenta del Senado, Pilar Llop, optó por apelar en masculino, a su vez, a la diputada de Vox que la había interpelado de tal manera, no sin antes observar que su sexo es el femenino y que como tal le gustaría ser interpelada. Las intervenciones de las portavoces de los dos partidos de la derecha fueron sin excepción una sucesión de improperios, infamias y provocaciones vacuas que derivaron en un clima de hostilidad indeseable en cualquier órgano parlamentario, pero detestable en una comisión que bebe de la fuente de un pacto que se alcanzó con alto consenso y, fruto de un ingente esfuerzo y de altas dosis de buena voluntad, de los que puedo dar fe.
Que el Partido Popular fue a empujones al Pacto de Estado sobre Violencia de Genero, que no quería dotarlo con fondos anuales y que se resistió a que se constituyera en el Congreso una Comisión de Seguimiento ya lo sabíamos desde que empezamos a hablar en 2017. Por algo sólo se sentó cuando perdió la mayoría absoluta, aunque la entonces oposición socialista se lo estaba reclamando desde hacía años. Lo que no podíamos imaginar, o al menos nos resistíamos a ello, es que tiempo después de votarlo a favor se alinearía con la ultraderecha negacionista. Lo hizo en la comisión de esta semana pero también en el pleno que, el 29 de abril pasado, aprobó el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Un decreto pensado para prestar especial protección a las mujeres que sufren maltrato en situación de confinamiento y en el que el PP decidió abstenerse aduciendo argumentos tan peregrinos como increíbles.
La que mantienen los populares con el partido de Abascal se trata de una alianza firme que permite al PP gobernar en varias autonomías, para lo que cede, sin demasiada resistencia, a la pretensión de Vox de terminar con todo tipo de ayudas a entidades que trabajan en la ayuda y asistencia a mujeres víctimas de violencias machistas. En Andalucía, el tijeretazo llevado a cabo por el gobierno del popular Moreno Bonilla asciende a 1’6 millones de euros en fondos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) destinados a promover la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, de los que hasta ahora se beneficiaban unas trescientas asociaciones de mujeres. A ello, se suma la eliminación de 200.000 euros más, estos destinados a ayudas a la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.
El discurso de los ultraderechistas sobre la supuesta marginación de las víctimas de violencia intrafamiliar no pretende sino generar dudas en la opinión pública y en la publicada sobre otro tipo de violencia que nada tiene que ver con la de género, sobre todo por adolecer de sus características estructurales y por enraizarse en la cultura patriarcal, como ocurre con esta. Una violencia, la llamada intrafamiliar o doméstica que, por otra parte, se encuentra recogida en nuestro Código Penal. Y, si hacemos un poco de memoria, el Gobierno del PP con Aznar al frente ya hablaba de violencia doméstica e intentaba equiparar la violencia de género a cualquier otro tipo de violencia. De aquellos polvos, estos lodos que recoge su heredero Pablo Casado.
El PP de 2020 debería reflexionar seriamente sobre su actitud ante cuestiones tan sensibles como esta, que precisan de la máxima unidad política, institucional y social. Debería recuperar el espíritu del Pacto de Estado de 2017 y regresar al consenso. No se trata solo de guardar las formas parlamentarias. Se trata de no perder el respeto por las miles de mujeres que diariamente sufren violencia de género en España. Se trata de protegerlas, de no poner su vida en peligro y de no envalentonar a sus agresores con declaraciones y con actuaciones temerarias y fuera de lugar. Se trata, en definitiva, de estar del lado de la democracia y de los derechos humanos. Tan simple y veces tan aparentemente complicado como eso.
