En un país como México, es posible mencionar cientos de casos judiciales que se han trasladado a los medios, y escándalos mediáticos que se han llevado a los juzgados. Existe una línea difusa entre ambas esferas, principalmente provocada por un creciente número de “comunicadores” o “periodistas” que se dan el lujo de opinar sobre prácticamente cualquier tema por el sólo hecho de tener acceso a un micrófono, salir a cuadro o contar con un espacio en la prensa, sin que esto signifique necesariamente que respeten a su público con un desempeño ético y mucho menos el derecho de réplica que a cualquiera nos otorga la Ley.
El 2 de abril de 2014, en el Noticiero de Carmen Aristegui se dio a conocer una supuesta red de trata de personas operada desde las instalaciones y con recursos del PRI-DF, al servicio del entonces Presidente del Partido en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
La trata de personas es un delito grave y se debe perseguir de oficio, lo que no ocurrió, ni por la entonces PGR ni por la entonces PGJDF. En ese tiempo, el PRD-DF y el PAN interpusieron denuncias penales, el primero ante la PGJDF y el segundo ante la PGR.
Mientras tanto, se acercaron 4 víctimas a la CATWLAC y se prepararon tres denuncias penales, las que se presentaron ante la UEITMPO-SEIDO/PGR, víctimas con identidad protegida e identificadas como Valentina, Beatriz y Renata, por los delitos de:
- Delincuencia Organizada,
- Trata de Personas,
- y Demanda,
- Publicidad Engañosa
- Más lo que resulte.
Se consideró que era competente la Federación para investigar este delito, en tanto los partidos políticos son instituciones de interés público que se mantienen en buena medida de fondos públicos.
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, varias veces diputado, tanto local como federal, tiene a la fecha una serie de ingredientes que bien podrían convertirse en una novela policíaca y a quien se le puede probar que así viene operando, por lo menos, desde el 2003, de lo inverosímil que resulta el desempeño de sus protagonistas, no obstante la gravedad que implica el hecho de que el presidente de un partido político tenga tras de sí, no sólo decenas de averiguaciones previas sin avance, sino más de una imputación directa, presentada ante las autoridades, sobre haber echado a andar una presunta red de prostitución al amparo de recursos públicos, y con jóvenes mujeres en estado de necesidad como víctimas que, a la fecha, no han tenido un mínimo espacio como sujetas del derecho al acceso a la justicia mexicana, con excepción de tres recursos de revisión, durante una larga batalla jurídica que otorgó el 5º. Tribunal Colegiado del Primer circuito, para efecto de que no se decretara, irremediablemente, el no ejercicio de la acción penal o sea se archivara la investigación definitivamente.
Es así como, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hoy Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México, a través de su entonces titular, Rodolfo Ríos Garza, siguiendo las instrucciones del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se empeñó -sistemáticamente y de muy diversas formas- en negar el acceso a la justicia para las víctimas de Gutiérrez de la Torre, otros más listos tratan de ganaron terreno a través de los medios de comunicación.
¿Qué diría usted si una persona como Gutiérrez de la Torre, de pronto aparece con Ciro Gómez Leyva –quien, según sus propias palabras, le “rogó” para obtener las entrevistas-, la que no fue una, sino varias, no sólo negando los hechos o afirmando que no existen imputaciones directas en su contra (lo cual es falso), sino haciendo apología del drama con la excusa de que intentó suicidarse en un par de ocasiones, o que padece cáncer de próstata ocasionado por el estrés o que está en tratamiento psiquiátrico? ¿Por qué apelar a la emocionalidad discursiva, en vez de defender su supuesta inocencia ante los tribunales sin hacer un uso faccioso del aparato de justicia?
¿Qué diría usted si este mismo personaje -acusado de delitos tan graves como reclutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de publicidad ilícita o engañosa, utilizando las instalaciones y recursos de un partido político para después pedirles favores sexuales-, haya sido mágicamente exculpado por su propio partido político, sin mediar siquiera un intento de investigación, luego de que diversas voces que dentro del mismo PRI han exigido su salida y dos presidentas de la Comisión de Justicia Partidaria renunciaron porque éticamente no pudieron cumplir con el lineamiento o instrucción que les impuso la dirigencia nacional del PRI?
En este país, es por todos sabido que cuando delitos de esa magnitud no son investigados o se encuentran inmersos en la impunidad intencional por parte de las autoridades responsables, existe más de un cómplice a quien o a quiénes no les conviene que se siga investigando, justamente porque más de un político o autoridad podrían verse involucrados. Y ya que son justamente los entonces titulares de la PGJDF y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México -quienes estaban al frente de esta responsabilidad-, ¿es o no válido dudar o suponer que, dada la negligencia e irresponsabilidad con la que trataron el caso, son ellos quienes se encuentran involucrados, o al menos, hoy, son ya cómplices por omisión, por no haber actuado con la debida diligencia? ¿Qué otra cosa deberíamos pensar?
En medio del protagonismo, auto-censura y servilismo de Ciro Gómez; de la auto-victimización de Gutiérrez de la Torre; de la complacencia del PRI, de la satanización al equipo de Carmen Aristegui por haber presentado el reportaje de investigación que develó el tema (no obstante que por ese trabajo se hizo acreedor al Premio PEN Internacional), existen al menos tres víctimas y dos averiguaciones previas de quienes sí fueron perjudicadas, quienes tienen derechos amparados por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales, y a quienes nadie quiere ver en medio de un terrible marasmo de corrupción que les ha negado el acceso a la justicia, ni una sola vez comparecieron ante la autoridad ministerial, no fueron citadas, y varias de la pruebas que ofrecimos, nos fueron devueltas, sin razón.
¿Por cuánto tiempo más? Esto representa una profunda revictimización. Mientras, la CATWLAC ganó la revisión del Amparo que ordenó que se reabriera la investigación en febrero de 2019 y se le ordena al Juzgado de Distrito reponer el procedimiento, lo que sólo es una batalla jurídica ganada, no la guerra. Hoy la palabra la tiene la Fiscal General Justicia de la Ciudad de México para demostrarnos que será una institución cercana a las víctimas, lo que salió a declarar en una conferencia de prensa y no sólo un discurso más y más simulación. Yo confío que así será.
Y de nueva cuenta, Gutiérrez de la Torre interpuso otro amparo con el propósito de que el Ministerio Público decrete de nueva cuenta el no ejercicio de la acción penal. El amparo se radicó en el Juzgado 14º. de Distrito en Materia de Amparo Penal, mismo Juzgado donde estaban los antecedentes del caso.
Lo más grave es que la Ley le da el derecho a interponer todos los recursos que considere convenientes, como también en caso de que el fallo no favorezca a los intereses de las víctimas, también ellas tienen el derecho a interponer los recursos que les otorga la ley.
Y uno se pregunta, cuánto tiempo vamos a tener que defender de nueva cuenta los intereses de las únicas víctimas que tuvieron la decisión y la determinación de denunciar a este político que se siente intocable.
En su Amparo, Gutiérrez de la Torre tiene el descaro de argumentar, entre otras cosas que:
…” Es el caso que desahogadas, atendidas y rendidas todas las diligencias técnicamente requeridas y otras que en exceso realizó la instancia ministerial, no existe ningún elemento, o indicio alguno que haga suponer, ni mucho menos acredite la integración de conducta típica alguna, ni de presunta responsabilidad a cargo de la quejosa: No obstante que no concurren ningún elemento subjetivo, objetivo o normativo que pudiera sustentar la continuación de las averiguaciones previas acumuladas que se trata, a la fecha no se ha resuelto el procedente acuerdo de no ejercicio de la acción penal, lo cual me ha colocado en estado de indefensión y franca incertidumbre jurídica, en agravió de los derechos fundamentales que más adelante se indican”…
Y, entonces, en su alegato, llegamos al colmo del descaro, porque es ahora Gutiérrez de la Torre el que está en indefensión y franca incertidumbre jurídica.
Y yo me pregunto cuánto tiempo más tienen que esperar las víctimas, con la zozobra y el miedo de que Gutiérrez de la Torre y el Movimiento Territorial del PRI en la Ciudad de México se cobren venganza contra ellas, como ya lo hicieron balaceando la oficina de la CATWLAC.
Eso se ve claramente reflejado en sus declaraciones y peritajes psicológicos que dicen:
…”Me impresionó mucho la confianza que mostraban esas personas en ofrecerte el trabajo, yo vi en PRISCILA, ADRIANA Y SANDRA mucha confianza y absolutamente nada de miedo en que sean descubiertas o que algo les pueda pasar”…
…”me puse a pensar en lo que CLAUDIA PRISCILA MARTÍNEZ GONZÁLEZ me había dicho, que tal vez yo le podía gustar y entonces él me propondría algo, fue cuando pensé que no respetarían que sólo fuera imagen, además me sentía como cómplice, al permitir que chicas jóvenes tuvieran que aceptar ser objetos sexuales de ese hombre sólo por necesidad o miedo”…
…” A nivel emocional: se detectaron sentimientos de miedo al encontrarse dentro de instalaciones del PRI DF después de negarse la evaluada a aceptar el trabajo que le proponían el cual incluía la realización de actividades sexuales: «a mí me dio mucho miedo, le dije que solamente iba con el puesto de recepción, ella me dijo que muchas gracias y me salí de ahí, solamente pensaba en salir de ahí, en poder irme, tenía mucho miedo de que me hicieran al porque les había dicho que no, ya simplemente reaccionaba, no pensaba tanto en hacer cosas… lo hice por miedo yo ya no quería seguirme negando porque pensaba que me podía pasar algo… esa noche no pude dormir porque tenía mucho miedo, sabía que tenía regresar por mis papeles y ellos ya tenían mis datos… le platiqué a mi mamá y a una tía, dije que tenía mucho miedo… salía y me daba pavor ver que las motos se empezaban a me entre los carros, para mí era que si me iban a hacer algo iba a ser con una moto porque pueden escapar rápido, me daba mucho miedo por mi familia»…
Cuánto tiempo más tienen que esperar a que les hagan justicia. Ya basta de impunidad.
