La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha enviado una carta para solicitar una entrevista a la vicepresidenta primera y secretaria federal de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo a raíz de sus declaraciones sobre la forma en que se certificará el cambio de sexo en el Registro Civil. Según la noticia aparecida en algunos medios, el Partido Socialista estaría de acuerdo en no exigir informes médicos o psicológicos para ese cambio registral, pero apuesta por incluir algún tipo de «certificación» en el proceso.
La Alianza recuerda a Carmen Calvo que «cualquier certificación que excluya a los profesionales de la medicina y la psicología vulnera los códigos deontológicos, ningunea a la ciencia y se coloca en p siciones negacionistas y de desprecio al conocimiento de los profesionales. Un problema de salud y psicosocial no puede ser certificado por instancias diferentes a profesionales de la salud y diferentes profesionales y equipos psicosociales».
«cualquier certificación que excluya a los profesionales de la medicina y la psicología vulnera los códigos deontológicos, ningunea a la ciencia y se coloca en posiciones negacionistas y de desprecio al conocimiento de los profesionales.
La Alianza CBM que solicita una reunión urgente para trasladar a Carmen Calvo las preocupaciones de las organizaciones feministas en relación con los proyectos de ley presentados por el Ministerio de Igualdad.
La misiva a la que ha tenido acceso Tribuna Feminista indica que los dos proyectos de Ley impulsados desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España: por un lado, La Ley para La Igualdad de las Personas LGTBI y para la No Discriminación por razón de Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género ó Características Sexuales y, por otro lado, la Ley Para La Igualdad Real Y Efectiva de Las Personas Trans , tienen implicaciones e intereses de todo orden, que impactan muy negativamente en las mujeres, y están alejados de la ampliación de derechos de las personas LGB y transexuales que dicen impulsar, dado que estos ya están protegidos legalmente y además no cuentan con el apoyo de gran parte de dichos colectivos, que se oponen a iniciativas que además de misóginas son claramente homófobas y lesbofobicas.
Las ONGs indican en su misiva que los pronunciamientos de Carmen Calvo en el sentido de rechazar que el cambio registral del sexo pueda producirse «sin más que la mera voluntad o el deseo» de la persona, es próximo a las ideas del feminismo , pero no suficientemente claro respecto de quienes estarían cualificados para una certificación cuyos diagnosticos entra en el campo de la medicina y la psicología. Cualquier certificación que excluya a estos profesionales, vulnera los códigos deontológicos, ningunea a la ciencia y se coloca en posiciones negacionistas y de desprecio al conocimiento profesionales. Un problema de salud y psicosocial no puede ser certificado por instancias diferentes a profesionales de la salud y diferentes profesionales y equipos psicosociales.
También recuerdan que «de hecho, toda persona que presente una condición de vulnerabilidad (v.gr. discapacidad a víctimas de violencia sexual) debe acreditar la pertenencia a dicho grupo, evitando todo abuso y salvaguardando el adecuado funcionamiento de los Servicios Sociales Públicos, y de los recursos del Estado».
Para la Alianza es muy peligroso tratar desde las Instituciones de estigmatizar y repudiar a los profesionales que velan por las garantías de la ciudadanía desde conocimientos especializados, tras años de formación científica. La certificación médica y/o psicológica y los informes periciales son una garantía tanto de la persona como de la propia sociedad de llevar a cabo procesos adecuados para las casuísticas que se presentan.
Recuerdan tambien que «la propia legislación Española contempla desde el poder judicial en los distintos órdenes que cuando se requiera de conocimientos científicos, técnicos o artísticos se contará con profesionales especializados o peritos; siendo prioritario el conocimiento de los llamados peritos titulares, es decir, aquellos que tienen un título oficial de una ciencia (v.gr. LEC art. 335; arts. 456 y 457 LECrim)».
El intento de prescindir de la cualificación experta, es calificada por las feministas muy negativamente ya que «que supondría una negligencia en la salvaguarda de derechos, pudiendo incurrir en violencia institucional al permitir desde las propias instituciones en este veto profesional estigmatizante».
También recuerdan a la Vocepresidenta y secretaria de Igualdad del PSOE que «cualquier profesional que lleve a cabo competencias sin cualificación estará cometiendo intrusismo profesional (art.11 Ley 7/2006 del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales).»
Este aspecto lo califican de «especial relevancia en el caso de menores» y recuerdan la necesidad de «poner en valor su capacidad de testimonio, cognitivas y volitivas, adaptación, etc.»
Para la Alianza contra el Borrado de las Mujeres no se comprende que esta casuística sea la única donde se pretenda no salvaguardar su bienestar superior, más cuando en otros países como Reino Unido se ha puesto de manifiesto que estas políticas identitarias tienen un daño potencial en menores, especialmente niñas al afectarles más el sexismo que inducen.
Finalmente recuerdan que «son notorias las implicaciones legales, sanitarias y psicosociales» de lo planteado en las leyes que pretenden legislar sobre identidad humana y califican de «inasumible» que en un Estado democrático garantista «se acepte la repudia y veto al criterio experto», manifestándose en contra de permitir ningún intrusismo administrativo ni político.
