Comuinicado del  FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA

El Gobierno de España está promoviendo leyes que supuestamente son beneficiosas
para las mujeres pero que en realidad propician retrocesos mientras que no acomete
la puesta en funcionamiento de otras.

Estas leyes impulsadas por el Gobierno están demostrando ser perjudiciales para la salud democrática y la confianza en las instituciones y pone en peligro la garantía de la
protección de las mujeres ante los delitos sexuales como es la llamada ¨Ley del solo sí es sí¨. Desde Fórum de Política Feminista pedíamos, en las alegaciones presentadas cuando se abrió el plazo de participación ciudadana, un debate abierto y eficiente con las organizaciones feministas (documento del FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA ANTE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL Aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020 Con fecha del 10 de junio de 2020).

Expresábamos que ¨sin perjuicio de una tramitación sin dilaciones, porque cada día hay
330 agresiones sexuales según la Macroencuesta 2015, pedimos al Gobierno y al
Parlamento un debate abierto y eficiente con las organizaciones feministas, aunque
parezca una tarea más ardua aún por el COVID19, porque contribuirá a una mejor
regulación y aplicación penal, de la prevención y de la atención integral¨.
Según la nueva redacción del Código Penal, a la luz de la LO10/2022 de Garantía
Integral de la Libertad Sexual, se equipara de forma errada dos cuestiones que son
diferentes: los ABUSOS y las AGRESIONES que está dando lugar a los casos de
rebajas de penas al bajar el mínimo de las penas y en algunos casos también las
penas máximas haciendo revisables las penas ya impuestas por el criterio de
aplicación de retroactividad de las disposiciones favorables con una injustificada
filosofía antipunitivista.

Mostrábamos entonces que la principal consecuencia penal que podría traer la norma por la eliminación de la distinción entre el abuso y la agresión sexual sería una mayor discrecionalidad de los jueces y menos proporcionalidad ya que se castigan igual delitos de distinta gravedad. Ya denunciamos que resulta inaudito que, declarando la Ministra de Igualdad hablar en nombre del feminismo, promueva una norma que llevaría a observar como injustas por elevadas, las penas impuestas por violación antes de la aplicación de esta nueva ley de Libertad Sexual.

resulta inaudito que, declarando la Ministra de Igualdad hablar en nombre del feminismo, promueva una norma que llevaría a observar como injustas por elevadas, las penas impuestas por violación antes de la aplicación de esta nueva ley de Libertad Sexual.

Asimismo, el Gobierno está promoviendo leyes que resultan directamente perjudiciales a las mujeres como la «ley trans» donde se contempla que el sexo registral deje de ser un elemento sobre el que el Estado da fe en base a una verdad verificable, obviando los informes de los profesionales y personas expertas, así como, la oposición
fundamentada del movimiento feminista. Siendo, ésta sí, una norma de marcado
carácter punitivista y vindicativa con multas y sanciones más elevadas que lo que contempla el Código Penal para un delito de odio.

Por otro lado, el movimiento feminista ha presentado públicamente (2020) el
Proyecto de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional –LOASP,
una iniciativa colectiva que surge de la imperiosa necesidad de poner fin a esta forma extrema de violencia contra las mujeres y al marco de impunidad de la que goza en nuestro Estado, la lucrativa industria de la explotación sexual de las mujeres y la falta de sanción de los prostituidores. El Gobierno ha hecho caso omiso.

Como tampoco, en relación a la regulación de facto de la maternidad subrogada, el
gobierno ha actuado para impedir el registro fraudulento de criaturas nacidas de
madres alquiladas/compradas en el extranjero, con un claro incumplimiento de los
derechos humanos de las mujeres incluidas aquellas ciudadanas extranjeras tratadas en sus países como receptáculos e ingreso de divisas

El Fórum de Política Feminista

DENUNCIA el deterioro que estamos sufriendo las mujeres en nuestros derechos y libertades.

RECLAMA del Estado medidas efectivas en materia de políticas públicas, acción legislativa y de funcionamiento de todas las administraciones y poderes públicos para la eliminación de las violencias ejercidas sobre las mujeres y el reforzamiento de nuestros derechos y libertades.

EXIGE al Gobierno y al Parlamento un debate continuo. abierto y eficiente con las organizaciones feministas. Sin justicia ni igualdad efectiva entre mujeres y hombres no podemos hablar de democracia, estando aún lejos de alcanzar el mandato de igualdad que garantiza la Constitución.