Violencia sexual y antipunitivismo

Amparo Mañes
Amparo Mañes
Psicóloga por la Universitat de València. Feminista. Agenda del Feminismo: Abolición del género
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Aunque Unidas Podemos y el PSOE lo nieguen, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, popularmente conocida como la «Ley del solo sí es sí» es fruto (escamoteado) del antipunitivismo. Lo demuestra el hecho de que, habiendo desaparecido la mención a este enfoque en el texto definitivo que se presentó como Proyecto de Ley, el espíritu del mismo se enseñorea de todo su articulado reduciendo sensiblemente las penas para los delitos de violencia sexual. Razón por la cual, se anuncia ahora que esta Ley va a ser reformada tras la alarma social generada por las aproximadamente 300 reducciones de condenas debidas a este tipo de delitos y a la puesta en libertad de casi 30 agresores sexuales, algunos de ellos considerados de alta peligrosidad y de quienes el sistema penitenciario duda que estén rehabilitados.

En una reciente entrevista, el juez Joaquín Bosch, que se apunta a la corriente antipunitivista, señala que tener penas más duras para los agresores sexuales no garantiza una disminución de este tipo de delitos para lo que ponía como ejemplo el caso de Estados Unidos que, con penas duras, presenta una alta incidencia  de delitos sexuales, frente a Dinamarca que, con penas sensiblemente más leves, ha conseguido reducir su incidencia.

Se le olvida al Sr. Bosch (y, desde luego, al gobierno impulsor de la Ley) que el secreto de la reducción de estos delitos no está en el mayor o menor grado de antipunitivismo, sino en la educación igualitaria, en la atención, cuidado y credibilidad que se otorga a las víctimas y en el rechazo social hacia los agresores en lugar de hacia las víctimas como ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país. Desgraciadamente, nos parecemos mucho más a USA que a Dinamarca en todos esos aspectos.

De manera que podemos apuntarnos al antipunitivismo siempre que sea la consecuencia, porque nunca constituye el origen, de la reducción de los delitos contra la libertad sexual. Es decir, de una política y una legislación que consideren que la mejor víctima es la que no se produce y que ponga por tanto el acento en remover las causas de originan este tipo de violencia contra las mujeres. Lo que no se puede es poner el carro (antipunitivismo) antes que los caballos (las causas de la violencia sexual).

 

Hay que aflorar de manera mucho más exacta la auténtica cifra de agresiones sexuales

¿De qué hablamos cuando planteamos la necesidad de remover las causas de esa violencia? Pues estamos señalando que antes de hablar de antipunitivismo,

  • Hay que aflorar de manera mucho más exacta la auténtica cifra de agresiones sexuales (tanto dentro como fuera del entorno familiar), porque solo así se podrá dimensionar adecuadamente la escala real de la violencia sexual contra las mujeres.
  • Hay que revisar de raíz las causas que están en la base de que las mujeres no denuncien, poniendo remedio a todas y a cada una de ellas. Si las mujeres agredidas no denuncian es porque no confían en un sistema y una sociedad que las cuestiona a ellas, que no las cree y que las revictimiza constantemente; que considera la agresión como una vergüenza para la víctima antes que para su agresor y que la culpabiliza por tener conductas que, en ningún otro caso se cuestionarían puesto que son perfectamente lícitas y en uso de una libertad perfectamente legítima.
  • Hay que prestar apoyo total a las mujeres agredidas, proporcionales un trato -no ya respetuoso, sino exquisito- y dar soporte a todas sus necesidades de salud o de otra índole que pudieran requerir, fruto de la agresión recibida o como consecuencia de ella.
  • Hay que implantar políticas de Coeducación contundentes, y no esas que se proclaman a bombo y platillo en las leyes, pero que nunca consiguen aplicarse en la práctica; o peor aún, que se «secuestran» en beneficio de colectivos minoritarios.
  • Hay que garantizar formación y sensibilización universitaria en igualdad a todos los colectivos de futuros y futuras profesionales del derecho, la salud, la psicología, el trabajo social,  etc. Pero también a quienes -a su vez- hayan de formar al profesorado de niveles preuniversitarios (especialmente las titulaciones de Magisterio y Máster de Secundaria), garantizando con ello que el profesorado de infantil, primaria, secundaria, etc. estén en condiciones de proporcionar a niños, niñas y adolescentes una coeducación de suficiente calidad.
  • Hay que hacer cuántas campañas se precisen para cambiar la apreciación social respecto de los delitos sexuales, garantizando así que se instaure un ambiente social de tolerancia cero con los agresores; y de comprensión, respeto y respaldo a las víctimas.
  • Hay que abolir la pornografía y la prostitución, impulsoras directas de la normalización de la violencia sexual en las relaciones de pareja y fuera de ellas.
  • Hay que garantizar que se mantengan todos y cada uno de los espacios de intimidad y seguridad para las mujeres, impidiendo el acceso de hombres biológicos a dichos espacios sin excepciones.

Hasta que todo eso se implante, y además funcione, el punitivismo es la única arma que nos queda a las mujeres para enfrentarnos a la creciente cifra de agresiones sexuales denunciadas.

Hay, pues, que prestar atención extrema a la reforma que ahora se anuncia de esta Ley. Porque se está diciendo que irá en la línea de penalizar más las agresiones violentas, lo que deja en evidencia la visión claramente androcéntrica que se sigue manteniendo en este tipo de delitos.

¿Por qué digo esto? Porque las mujeres hemos sido socializadas para temer a los hombres. Sabemos que son más fuertes y más violentos en teoría y que muchos hacen uso de esa violencia en la práctica. Sabemos que les bastan sus manos como arma mortal y que, de hecho, muchas mujeres son asesinadas, tras ser violadas, por estrangulamiento. Es, pues, inadmisible que anuncien una mayor penalización para las «agresiones violentas»: porque eso es tanto como decir que hay agresiones sexuales sin coacción y, por tanto, no violentas o «consentidas».

Resulta evidente que hay que endurecer todas las penas, tal y como exige  una sociedad visiblemente alarmada ante las numerosas minoraciones de condenas y puestas en libertad de agresores debidas al actual redactado de la Ley. Y, especialmente, hay que revisar el descarado antipunitivismo relacionado con la violencia sexual cuando sus víctimas son menores. Ya hemos visto casos, en determinadas franjas de población aún en minoría de edad, en los que el agresor puede quedar prácticamente impune. Porque con un simple acuerdo (por ejemplo reconociendo los hechos) los pederastas pueden ver rebajada su pena a menos de dos años, por lo que ni siquiera habrán de entrar en prisión.

Como conclusión, solo en un contexto de igualdad real y efectiva en el cual, y como consecuencia, haya descendido drásticamente la violencia sexual hacia las mujeres, resultaría viable y coherente plantear el antipunitivismo.

Porque ahora mismo, hablar de antipunitivismo es hablar de impunidad.

 

 

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