El transactivismo no descansa en su cruzada sectaria contra cualquiera que no acate sus creencias. Son conscientes de que con ello vulneran frontalmente la libertad de opinión y de expresión, pero es que es eso, precisamente, lo que quieren: impedir cualquier argumento contrario a sus creencias y censurar a las personas que no digan “amén” a las mismas, atemorizando a las demás para que les den soporte o, al menos, callen.
Por eso, siendo preocupante el transactivismo, me preocupan mucho más aquellas personas o instituciones que se apresuran a pedirles disculpas, a hacer “acto de fe” de la ideología queer y a compartir la necesidad de políticas de cancelación de la discrepancia, anunciando que la suscriben para el futuro.
El transactivismo no descansa en su cruzada sectaria contra cualquiera que no acate sus creencias.
Esta postura antidemocrática tiene que parar. Y tienen obligación de defender nuestros derechos vulnerados, en primer lugar, los poderes públicos, como luego veremos; con especial intensidad cuando, como en este caso, se trata de derechos contenidos en el capítulo II del Título I que, por eso mismo, se denominan “Derechos Fundamentales”. En el artículo 20 de dicho Capítulo se determina:
- Se reconocen y protegen los derechos:
- a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- c) A la libertad de cátedra.
- d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
- El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Los derechos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión no son una rara ocurrencia de la constitución española. Al contrario, como es sabido, proceden directamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, esos que invoca siempre el transactivismo (“los derechos trans son derechos humanos”) pero sin señalar nunca cuales son los que se vulneran en el caso de las personas trans.
De la esencialidad de los derechos de libertad de expresión, de opinión y de pensamiento, da idea esta famosa cita de la escritora Evelyn Beatrice Hall (y no de Voltaire a quien incorrectamente se le atribuye): ‘Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo’. Por eso, no hay constitución democrática que no recoja esos derechos.
En cualquier caso, lo que resulta meridianamente claro es que, en nuestro país, los derechos de expresión y opinión no pueden ni deben ser censurados. De lo contrario, no sólo se infringe el artículo 20 de nuestra CE y dos de los principales derechos humanos, sino que su vulneración reiterada es el indicador más evidente de un grave deterioro democrático en los países en que se produce. Conocemos de sobra que los regímenes dictatoriales se apresuran a cancelar, en primer lugar y específicamente, esos derechos.
Por otra parte, en la medida en que la censura supone coartar la libertad de pensamiento y prohibir la difusión de este, se provoca directamente el empobrecimiento intelectual de la ciudadanía, razón por la cual los pueblos sin libertad de opinión y expresión se quedan a la zaga de aquellos donde estos derechos son escrupulosamente respetados.
Siguiendo con los mandatos constitucionales, el punto 2 del artículo 9 del texto constitucional indica, como antes he señalado, que son los poderes públicos quienes deben garantizar el libre ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución Española:
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Paradójicamente, los poderes públicos, tan sensibles por lo general a la necesidad del escrupuloso respeto de otros artículos de menor relevancia constitucional, están tolerando con pasmosa indiferencia los cada vez más frecuentes ataques a unos derechos que son clave de bóveda para el correcto desarrollo de cualquier sistema democrático.
Esa pasividad institucional deja a la ciudadanía en total indefensión contra cualquier grupo ideológico bien financiado, como es el caso del transactivismo, en el que la procedencia de sus fondos está vinculada al patriarcal-capitalismo y sus conocidas aspiraciones transhumanistas (lean a Jennifer Bilek, por ejemplo). Su poder es el que, en realidad, está detrás de la enorme influencia que ha adquirido la ideología queer y que no podría explicarse de otro modo.
Así, en pleno siglo XXI, cuando pensábamos que la libertad de pensamiento y expresión eran incontrovertibles, hay mucha gente que -en cambio- piensa “Estoy de acuerdo con lo que las feministas dicen, pero defenderé hasta la muerte el derecho de prohibirles decirlo…no sea que la secta queer me censure a mí”.
Por eso resulta ineludible que sea la propia ciudadanía la que se movilice para reclamar derechos que nunca debieron haberse cuestionado. Porque, si nos dejamos gobernar por grupos organizados y financiados por elementos externos sin control democrático de ningún tipo, esos elementos están aprendiendo como controlar a la gente. Y cuando quieran imponer otra idea, tan peregrina como la ideología queer, ya habrán trazado el camino para conseguir su implantación sin objeciones por un pueblo que habrá aprendido a callar o a acatar, sin capacidad alguna para rebelarse. Si no me creen, lean el conocido poema de Martin Niemöller:
Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
Es también notable que el 90% de la censura se dirija – especialmente, aunque no sólo- a mujeres feministas; lo que revela que esta emergente política de cancelación y censura a la que asistimos presenta un sesgo claramente misógino, es decir, de odio a las mujeres. Y recuerda los tiempos patriarcales más oscuros en que éramos silenciadas y retenidas en los espacios privados vetando nuestro acceso a los públicos. Si cualquier mujer consiente esto sin inmutarse, le puedo asegurar que, si no habla ahora, deberá callar para siempre en el futuro.
El último ejemplo de la feroz censura que está ejerciendo el colectivo LGTBI+ (ya que avala, hasta el momento sin apenas discrepancias, la estrategia censora de la “T”) es la campaña de censura y persecución contra la profesora de la Universidade da Coruña, Luz Castro, no por dar su opinión, sino, simplemente, por señalar “me gusta” a tuits de diversas personas que manifiestan su -más que lógica- preocupación por la creciente mutilación de cuerpos sanos de niñas, niños y adolescentes[1].
Puestas así las cosas nadie puede reprocharnos que lleguemos a pensar que la Constitución Española no utiliza un lenguaje sexista, sino que ES sexista. De manera que, cuando habla de españoles, ciudadanos, etc. no está utilizando el famoso -y dudoso- genérico masculino; sino que, directamente, excluye a las mujeres de los derechos que proclama, y, por tanto, no cabe que los poderes públicos nos protejan de su eventual vulneración cuando de nosotras se trata.
En cualquier caso, es posible que las mujeres estemos solas ante los transactivistas e incluso ante los poderes públicos. Pero eso no significa que estemos solas ni mucho menos. Porque, en primer lugar, nos acompañan la justicia y la razón. Pero, sobre todo, nos tenemos a nosotras mismas y somos muchas, más de la mitad de la ciudadanía de este país. Y, si nos unimos, seremos mucho más fuertes.
Aprovechemos, pues, para votar -en las próximas contiendas electorales- la auténtica agenda feminista que, en la actualidad y desgraciadamente, carece de representación parlamentaria.
Porque sólo #JuntasHaremosHistoria
Valencia, 25 de octubre de 2023
[1] https://www.3djuegos.com/industria-gaming/noticias/industria-espanola-videojuego-se-une-dev-mayor-asociacion-pais-incluir-a-persona-transfoba-su-junta-directiva
