Tras la resaca del 8 de marzo y sus cuitas, que si la división del feminismo, que si la bronca por el número de asistentes, que si las dos manifestaciones… cabe ofrecer una primera impresión de la nueva proposición de ley sobre la trata que el pasado viernes, 8 de marzo, anunció Ana Redondo, Ministra de Igualdad. Según sus declaraciones dicha Ley cubriría todos los aspectos de esa mercadería inmunda, lo laboral, lo sexual, los matrimonios fraudulentos e incluso el comercio de órganos. La Ministra también explicó que esta no sería una Ley punitivista, sino protectora de las víctimas a las que no se les va a pedir denunciar para considerarlas legalmente como tales. Es más, se las protegerá otorgándoles el permiso de residencia y de trabajo, además de reconocerles toda una batería de ayudas: percepción del IMV, vivienda pública, asesoría letrada, indemnización… Fue un discurso muy positivo y humanitario el suyo, pero yo me pregunto ¿Qué quiere decir exactamente la Ministra con lo de no punitivista y con que no hace falta denunciar? ¿Que así se evita molestar a los puteros y a los proxenetas que tanto “trabajo sexual” proporcionan a las mujeres? ¿Será esto un regalo para los tratantes y proxenetas que podrán convencer a sus víctimas de pasar un tiempito con ellos y si no les gusta el “trabajo”, acogerse a esta Ley?
Por otra parte, la trata ya es un delito en todos los países democráticos, y en más de un 50% se nutre de la prostitución y explotación sexual de mujeres y niñas, sin embargo, Ana Redondo no mencionó en ningún momento la prostitución. Y, entonces, surge la duda. ¿Solapará esta Ley a una Ley de abolición de la prostitución, dando por sentado que como la trata ya está perseguida, “la prostitución elegida y por cuenta ajena” es aceptable y regulable?
Y me surge la duda porque sobre el tema del sistema prostitucional solo tenemos las promesas que Pedro Sánchez deja caer de vez en cuando en sus mítines y porque a mí ya me escaman tantas largas y tanto secretismo, tanto pasar de puntillas sobre el tema, tanto ofrecer y asegurar, pero todo inconcreto y, además, mezclado con la propaganda de lo digno y estupendo que es el “trabajo sexual”, gracias al cual España ostenta la insigne categoría de ser el burdel de Europa, incluso catalogado en algunos foros como país de turismo sexual
Quizá el problema sea que en el Gobierno hay dos sensibilidades al respecto. Parece que SUMAR y también los demás socios del PSOE son “regulacionistas” o sea, quieren que la prostitución se mantenga tal cual, pero dignificada. Es decir, que las mujeres prostituidas tengan una regulación laboral que no las estigmatice, dado que lo suyo no es violencia sexual, sino “trabajo sexual”, un trabajo igual que cualquier otro y además bien remunerado (realmente ¿no resulta sorprendente que a un trabajo así no opten los hombres?). Otro problema puede ser que no quieren desairar a los alegres puteros que pueblan estos partidos, “clientes” que ayudan a esas mujeres que, por supuesto, nunca son sus hijas, ni sus esposas, ni sus colegas de partido, sino mujeres pobres y mayoritariamente migrantes. ¿Serán esas cuestiones las que impiden que el Gobierno no elabore una buena Ley abolicionista, como p. e. la LOASP, y se conforma con presentar una proposición de Ley para proteger a las víctimas de todas las tratas habidas y por haber?
Hace falta tener poca conciencia, mucha desfachatez y ser ignorante en materia de feminismo para proclamarse feminista mientras se normaliza una esclavitud que ha acompañado a las mujeres durante siglos. A estas alturas sabemos que la pervivencia de la prostitución, no es tanto una cuestión de sexo como de lucro económico (mueve billones en todo el mundo) pero sobre todo es un pacto del poder patriarcal, de dejar bien claro quién manda, de “poder ir de putas porque me apetece y yo lo valgo”. El sistema prostitucional además de una escuela de desigualdad humana, es un pilar fundamental que ha sostenido y sigue sosteniendo firmemente a la sociedad patriarcal ya que establece de forma meridiana cuál es el lugar de cada sexo en el mundo: el de las mujeres, objeto de uso y disfrute y el de ellos los sujetos que pueden comprarlo y poseerlo.
En todos los lugares, todos los hombres, hasta los más pobres, tienen garantizado el acceso carnal al cuerpo de una mujer, medida en términos de lo que puedan pagar por ello (desde 500 euros los objetos de lujo, hasta cinco o diez euros los objetos más usados y deteriorados). En cambio, ellas, nosotras, todas, somos los cuerpos que pueden ser comprados y usados por los hombres, a cambio de un par de billetes. Establecido esto por el patriarcado cualquier mujer en función de sus circunstancias es susceptible de ser prostituida, “una zorra” como reivindican ahora con tanta chabacanería los más modernillos, porque es muy divertido.
Uno de los principios esenciales de las democracias es la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los bienes y recursos. Últimamente en España parece que ser demócratas es reclamar derechos solo para nuestra tribu, olvidándonos de que democracia es reclamar también los derechos de todas las personas. En este sentido la calidad democrática de nuestro país debe estar bajo mínimos, y no solo porque el identitarismo nos está llevando a un sectarismo incompatible con la igualdad, sino porque hemos sustituido un principio esencial por una demagogia que convierte los derechos de las personas, en este caso de las mujeres y las niñas, en una farsa sobre la elección personal, en una perversión del concepto de libertad que nos exculpa de toda indecencia.
Por último, abolir no es prohibir, se prohíben actuaciones concretas, no un sistema estructural de explotación, la RAE lo deja muy claro al definir los dos conceptos:
ABOLIR: (1) Dejar sin efecto una ley, precepto o norma vigente. Ej. abolir la pena de muerte. (2) Suspender o dejar sin vitalidad una costumbre, una práctica o el uso de una cosa mediante una disposición legal. Ej. abolir la esclavitud.
PROHIBIR: tr. Vedar o impedir el uso o la ejecución de algo.
A la luz de estas definiciones, no es tan difícil de entender lo que defiende el feminismo. Desactivar una actividad tolerada por los poderes a través de una disposición legal que, por supuesto, apoyara y protegiera a las mujeres prostituidas. O sea, sacar al sistema prostitucional que actúa en el limbo de la “alegalidad”, sosteniendo al patriarcado y a un capitalismo que lo pudre todo. O lo que es lo mismo, desconectar en la mente de la ciudadanía dos elementos íntimamente ligados en el relato de esta sociedad patriarcal capitalista: la idea de la licitud de comprar el poder poseer sexualmente a una mujer, validada a través de un consentimiento viciado y una libertad inexistente.
Pronto serán las elecciones europeas y hoy muchas mujeres nos encontramos en la tesitura de a quién votar para no legitimar con nuestros votos políticas antifeministas que se presentan como progresistas. Que nuestros votos sirvan para algo y que nadie se olvide que solo son un préstamo una prueba de confianza, no un cheque en blanco.
Pilar Laura MATEO es escritora, su última publicación es “Tomar la palabra. Escritoras y critica literaria feminista. Interacciones.”
