En una nueva carta a la ministra de Igualdad, la organización feminista Alianza Contra el Borrado de las Mujeres documenta nuevos casos de mal uso de los fondos del Pacto de Estado. Con esta última recopilación, son ya 119 los casos documentados desde el 1 de abril, fecha en que esta organización comenzó a recoger y a transferir esa información al Ministerio de Igualdad.
Pese al anuncio del ministerio de que emitiría instrucciones precisas sobre el uso de dichos fondos públicos, diferentes corporaciones locales continúan detrayendo recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, cuando no contrarias, a la lucha contra la violencia contra las mujeres.
En una semana en la que los Tribunales de Justicia, durante el juicio al violador de Igualada, nos han mostrado la brutalidad de la violencia contra las mujeres, resulta especialmente indignante saber que estas prácticas se mantienen sin que el Ministerio de Igualdad haya establecido sistemas eficaces que las eviten, más allá de recomendaciones que, como se evidencia, son despreciadas por esas instituciones, sin que se reclame la devolución de los fondos para su uso en la prevención y apoyo a las mujeres víctimas.
En este último listado, las feministas documentan actividades de ayuntamientos de todo el territorio y con gobiernos de diferente signo político, que están destinando durante el mes de junio los recursos contra la violencia machista a marchas, concentraciones y festivales LGTB, o a debates transgeneristas (unidireccionales) que cuestionan la desigualdad basada en la pertenencia al sexo femenino y sus consecuencias para las políticas públicas que la combaten.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se pregunta si las anunciadas instrucciones ministeriales han sido cursadas y consideran “gravísimo” que, de haberse trasmitido, se ignoren y desprecien continuando con las prácticas malversadoras.
Es labor de la Delegación del Gobierno especializada en la materia la aprobación del catálogo de acciones finalistas susceptibles de ser financiadas y su posterior fiscalización para garantizar que sean destinadas a sensibilizar a la sociedad, prevenir los comportamientos sexistas que alientan la violencia machista y apoyar a las víctimas en sus procesos para salir de la violencia.
Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, el mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos y señala a la ministra de Igualdad “que es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado”.
