El pasado 23 de septiembre de 2025 presenté, a través del Portal de Transparencia, una solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pedía datos muy concretos: las estadísticas de inscripciones consulares de bebés nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada, desagregadas por año, sexo, tipo de solicitante y consulado, para el periodo 2010–2024.
Disponer de estos datos es esencial para entender el impacto real de una práctica prohibida en España, definida en nuestro ordenamiento jurídico como violencia reproductiva, cuyos contratos son nulos de pleno derecho y cuya publicidad está prohibida. Sin embargo, se sigue produciendo en el extranjero sin que el Gobierno español adopte medidas más contundentes.
La transparencia significa poder analizar cómo se está gestionando un fenómeno que afecta a los derechos humanos de las mujeres y de los menores, al principio de igualdad y a la coherencia de nuestro marco legal.
La respuesta del Ministerio
El 20 de octubre de 2025, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares resolvió denegar mi solicitud. La Directora General, Carolina de Manueles Álvarez, argumentó que mi petición era “manifiestamente repetitiva” porque ya había pedido información similar en enero de este mismo año.
Pero esa explicación no se sostiene. En enero me facilitaron los datos entre 2010 y 2023 y me indicaron que los de 2024 aún no estaban disponibles. Por eso, en septiembre volví a pedirlos, en un momento razonable en el que deberían estar elaborados. Solicitar datos anuales no es repetitivo, es parte de un seguimiento legítimo y necesario.
Mi reclamación al Consejo de Transparencia
Ante esta denegación, el 27 de octubre de 2025 presenté una reclamación formal al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Argumenté que:
- No se trata de una solicitud repetitiva, sino de una actualización anual.
- Los datos son estadísticos y administrativos, ya generados por el Ministerio. No requieren “reelaboración”.
- Existe un interés público evidente: la gestación subrogada está prohibida en España, y conocer las inscripciones consulares permite evaluar su impacto jurídico y social.
A esta reclamación adjunté, además, mi informe “Bebés comprados por españoles en el extranjero: análisis de datos 2010–2023”, elaborado con la información que sí me facilitaron en enero. Ese documento demuestra que el Ministerio dispone de datos y que mi solicitud es parte de un trabajo de investigación legítimo.
Los datos que sí tenemos (2010-2023)
Cada año, cientos de ciudadanos y ciudadanas españoles siguen viajando a países como Estados Unidos, México, Georgia o Canadá para comprar bebés. En 2023 fueron 472 las personas que acudieron a este mercado de seres humanos. Producto de la explotación y violencia reproductiva que ejercieron sobre mujeres en diferentes países resultaron 269 menores comprados e inscritos en nuestros registros consulares como hijas e hijos de sus compradores.
De estos bebés desconocemos el sexo, porque el Ministerio se niega a proporcionarlo a pesar de que lo solicito expresamente y de que está obligado por la Ley Orgánica 3/2007 a recoger esta información desagregada por sexo. Tampoco se facilita el sexo de las parejas del mismo sexo ni de las personas solas que compran bebés, lo que impide un análisis completo de la realidad.
Lo que sí sabemos es que en 2023 el 43% de los compradores eran parejas del mismo sexo, el 33% parejas heterosexuales y el 25% personas solas. Los 269 bebés fueron gestados y arrancados a mujeres en Estados Unidos (138), México (57), Georgia (40), Canadá (13), Reino Unido (7), Albania (6), Grecia (3), Sudáfrica (2) y en países como Brasil, Nigeria y Colombia, con un caso en cada uno.
Detrás de cada cifra hay una historia de explotación, violencia y opresión. Estas personas pagan para que una mujer viva un embarazo no deseado para sí misma, forzado por la necesidad y las circunstancias. Es un embarazo altamente medicalizado y controlado, que debe transcurrir en el más absoluto desapego hacia la criatura que se desarrolla en su interior.
Desde 2010 hasta 2023, más de 7.000 compradores españoles han adquirido 3.785 bebés, que han sido inscritos en nuestros registros consulares directamente, lo que implica el blanqueo de una práctica prohibida en España con la connivencia de los poderes públicos.
Miles de mujeres se han visto abocadas a venderse como ganado de cría en un mundo inmerso en la mayor crisis de desigualdad de la historia de la humanidad, como pone de manifiesto incluso el G20 en su reciente informe Global Inequality Report 2025, advirtiendo que el 90% de la población mundial vive en países con niveles peligrosamente altos de desigualdad. A su vez, miles de criaturas han sido separadas de sus madres justo después del parto, con las graves consecuencias que esta separación tiene para los derechos y salud de las y los menores implicados.
Los datos de 2024 se resisten y todo apunta a que los de 2025, año en el que se ha modificado la instrucción que regula la inscripción registral de los menores comprados, prohibiendo su registro directo en los consulados, se van a resistir aún más.
La opacidad no es casual. Es la forma de ocultar una práctica que vulnera derechos fundamentales y que contradice el discurso oficial de un gobierno que se proclama feminista.
Lo que está en juego
La transparencia no es simplemente un trámite burocrático, es un derecho fundamental de la ciudadanía. Negar el acceso a estos datos, que deberían ser públicos, impide el debate social sobre una práctica que vulnera derechos de mujeres, niñas y niños, erosiona el principio de igualdad y, a pesar de estar prohibida, sigue produciendo efectos jurídicos en nuestro país con la complicidad de las instituciones.
Un gobierno que se proclama feminista y defensor de los derechos humanos debería ser el primero en garantizar acceso a información que afecta directamente a las mujeres y a las niñas y niños involucrados en esta práctica de compraventa de seres humanos. La opacidad en este tema no solo contradice su discurso, una vez más, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Por eso, seguiré defendiendo que la ciudadanía —y en especial las mujeres— tenemos derecho a saber y a conocer los datos clave para la defensa de nuestros derechos. El Consejo de Transparencia tiene ahora la oportunidad de corregir esta decisión y garantizar que la información se haga pública.
