*La presentación de la denuncia comprende un periodo de cinco años, de 2020 a 2024, en la Comunidad Autónoma de Canarias
El pasado viernes quedó registrada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia por posible gestión ilícita de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es una investigación de tres años llevada por quien escribe este artículo. Se trata del seguimiento del posible desvío en la gestión de estos recursos para un total de 22M de euros en un periodo de cinco años, cantidad resultante de lo que gastó Canarias de la distribución que le correspondió en esos años: 42 millones transferidos del Ministerio de Igualdad, sin contar las transferencias directas que se hacen a los ayuntamientos.
El trabajo de investigación se ha llevado a cabo por la recopilación de documentos a través de la contabilidad oficial facilitada junto con todos los contratos menores publicados. Así, la práctica totalidad de estos recursos se distribuyó por medio de contratos menores salvo una única licitación concedida en 2023 para publicidad con un objetivo al margen del Pacto de Estado (vincular adicciones con violencia sexual), ‘Hazlo con/sentido’ por 110.000 euros. Otro proyecto ha sido financiado por una cuantía de hasta 323.000 euros en 2024 con contratos fraccionados: se trata de ‘Consexus’ para la educación afectivo-sexual, con amplio contenido transgenerista; el programa ‘Jóvenes por la Igualdad’ adjudicado a la organización LGTBIQA+ ‘Diversas’, de la que su Secretario es miembro de PODEMOS, por 265.000 euros también en contratos menores en un año o el mismo ‘Perreo Feminista’ por 105.000 euros, programas que claramente no dan cumplimiento a los fines objeto del Pacto de Estado.
Además, existen adjudicatarios titulares de programas que gestionan varios programas a la vez y que figuran como beneficiarios de más adjudicaciones para la intervención en los otros proyectos financiados con estos recursos, generando una red circular de adjudicatarios no siempre habilitados para actividades en educación, prevención, atención y erradicación en violencia contra las mujeres (condición indispensable para recibir estos fondos). Estos mismos adjudicatarios son, también, contratados año tras año como asesores o en apoyo técnico de sus propios proyectos. Existen empleados públicos con adjudicaciones en esta materia sin compatibilidad presuntamente validada para ello, pudiendo incurrir la administración en falsedad documental en un esfuerzo por justificar esta duplicidad de actividades sin autorización expresa.
La recepción de recursos y actividades presuntamente al margen del carácter finalista previstos en el Pacto de Estado se extienden a las dos universidades canarias: Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), responsables del correcto uso de los fondos que, sin embargo, han destinado a otras actividades con políticas que previsiblemente no se corresponden.
Se da la circunstancia de que Canarias no ha recibido los presupuestos correspondientes a 2025 del Pacto de Estado, más de 10M de euros, debido a que el gobierno regional no ha justificado la gestión de 2024 a fecha obligatoria de 31 de marzo de 2025. El Pacto de Estado en Canarias se está ejecutando porque la administración regional ha librado 2M de euros en créditos previos a la recepción de los fondos estatales y otros 3M de euros en remanentes de presupuestos anteriores, en la misma línea de adjudicaciones dirigidas a proyectos con contenidos transgeneristas. Los presupuestos de 2025 están retenidos.
A raíz de las repetidas denuncias públicas realizadas por el trabajo de Asociaciones Feministas al Ministerio de Igualdad, dirigidas directamente a la ministra, Ana Redondo, de los presuntos desvíos de estos fondos, bien autonómicos, bien locales, el Ministerio publicó una “Guía de buenas prácticas del uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que vendría a identificar actividades que “no encajan de ningún modo con las acciones de estos fondos” y que, por tanto, “no serán subvencionables”, lo que se podría entender como un reconocimiento de posible gestión fraudulenta por entidades locales y autonómicas.
La totalidad de la información presentada para su investigación se basa en documentos oficiales contrastados con las normativas reguladoras de los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La gestión presuntamente fraudulenta podría afectar a la práctica totalidad de los partidos políticos de las islas con representación parlamentaria. A los que gobernaron de 2019 a 2023: PSOECanarias, PODEMOS, BN-NC y Agrupación Socialista de la Gomera (alianza de gobierno conocida como ‘Pacto de las Flores’) y a los que forman el actual ejecutivo de Coalición Canaria y PP. La recopilación de información implica a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, receptora de los fondos, que a su vez los deriva, para su gestión, al Instituto Canario de Igualdad (ICI), que selecciona los programas y proyectos a financiar y organismos a los que se distribuyen. Así, la responsabilidad se deriva también a la Consejería de Educación (coeducación); Consejería de Sanidad; Dirección General de Infancia y Familia; Dirección General de Juventud y Cabildo de Gran Canaria como reflejo de una probable gestión similar en el resto de Cabildos insulares.
La información contable de los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género parte del ICI e incluye también los recursos gestionados por la Consejería de Justicia, que queda al margen de esta recopilación para la investigación por considerar que el grueso está ejecutado en virtud de lo estipulado en el Pacto de Estado. El resto de organismos mencionados registran que estos fondos han sido utilizados para las políticas de Diversidad e Identidad de Género, diferenciadas en legislación y presupuestos de las políticas para la Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, así como para otras actividades al margen de su carácter finalista. El uso de los presupuestos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género viene estipulado en el Pacto de Estado de 2017 (documento de referencia para la investigación), aprobado en el Congreso con la excepción de Podemos; en la Ley General de Presupuestos y en los Presupuestos Generales del Estado, siendo sancionados en el BOE en resolución para cada materia.
