El asesinato de Cecilia Monzón Pérez se convirtió no solo en un episodio trágico de violencia machista, sino en un símbolo de las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres, incluso aquellas que dedican su vida profesional a defender a otras mujeres. Abogada penalista, activista feminista y defensora de derechos de las mujeres en el estado de Puebla, Cecilia fue asesinada el 21 de mayo de 2022 cuando circulaba en su automóvil por San Pedro Cholula y fue acribillada a tiros por sicarios que la atacaron desde una motocicleta.
Monzón era ampliamente conocida por su trabajo con mujeres víctimas de violencia familiar, abuso o vulneración de derechos. Además de su labor jurídica, había sido candidata política y participaba activamente en debates públicos sobre justicia y protección para las mujeres.
Días antes de su asesinato, Cecilia había comparecido ante las autoridades para exigir que se procesara una denuncia contra su expareja, Javier López Zavala, político priista y exfuncionario con un largo historial en la escena pública poblana.
El camino hacia la justicia fue largo y tortuoso. Las audiencias y procedimientos judiciales se retrasaron repetidamente por recursos legales y maniobras dilatorias de las defensas, lo que extendió el sufrimiento de la familia y obligó a colectivos feministas a exigir públicamente avances en el proceso.
A finales de diciembre de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento en Puebla declaró a Javier López Zavala culpable del feminicidio de Cecilia Monzón, junto con otros dos hombres acusados de ejecutar el crimen. El tribunal determinó la responsabilidad penal del expolítico y estableció la pena máxima prevista: 60 años de prisión para cada uno de los sentenciados.
En 2022, tras el feminicidio de Cecilia, el estado de Puebla impulsó la llamada “Ley Monzón”, una reforma legal que quita automáticamente la patria potestad, guarda y custodia a los padres vinculados o condenados por feminicidio contra la madre de sus hijos.
Para muchas activistas, esta ley representa una reforma estructural significativa para proteger a los menores que quedan sin madre y prevenir que los perpetradores de violencia continúen ejerciendo poder sobre sus familias.
El caso de Cecilia Monzón deja varias lecciones dolorosas pero fundamentales: la violencia de género puede alcanzar incluso a quienes luchan por erradicarla; la justicia no se alcanza sin persistencia social; y las reformas legales pueden surgir como respuesta a la indignación colectiva.
