La exclusión de la ley abolicionista de la prostitución del Plan Anual Normativo de 2026 ha evidenciado, una vez más, los límites políticos del compromiso feminista del Gobierno de coalición. Mientras el PSOE continúa reivindicando públicamente el abolicionismo como una seña de identidad ideológica, el Ejecutivo ha decidido dejar fuera de su hoja de ruta legislativa una de las principales demandas históricas del feminismo español: la aprobación de una ley integral contra el sistema prostitucional.
La explicación ofrecida por el ministro Félix Bolaños confirma que el Gobierno no asume políticamente esa iniciativa como propia. Según trasladó este martes tras el Consejo de Ministros, la abolición de la prostitución es “una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español”, desligándola así de la agenda legislativa oficial del Ejecutivo. El matiz no es menor: supone reconocer que el Gobierno de coalición no tiene una posición común sobre la prostitución y que, en consecuencia, la ley queda relegada a una iniciativa parlamentaria del PSOE sin respaldo gubernamental.
La decisión revela además la profundidad de las discrepancias internas dentro del bloque de investidura. Bolaños admitió igualmente que la abolición de la prostitución no figura ni en el acuerdo de Gobierno firmado con Sumar ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ambas ausencias tienen un fuerte contenido político: certifican el veto sostenido de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE a cualquier legislación abolicionista.
Durante los últimos años, tanto Sumar como Podemos y otros grupos aliados del Ejecutivo han defendido posiciones reglamentaristas o críticas con el modelo abolicionista impulsado por el PSOE. Esa fractura ya había quedado patente en anteriores debates parlamentarios, cuando Unidas Podemos rechazó incorporar medidas abolicionistas en la ley del “solo sí es sí” y defendió trasladar la cuestión a una futura ley de trata. También en 2024 el Congreso tumbó la propuesta socialista para endurecer el proxenetismo prácticamente sin apoyos parlamentarios, dejando al PSOE aislado incluso dentro de su propia mayoría de investidura.
El hecho de que el Gobierno sí incluya en el plan normativo la futura ley contra la trata y la explotación humana, pero no la ley abolicionista, marca además una separación política deliberada entre ambas cuestiones. Bolaños insistió en que la prioridad del Ejecutivo es sacar adelante esa norma sobre trata, que regulará “todas las formas de explotación humana”. Sin embargo, el desplazamiento del foco hacia la trata evita afrontar el núcleo del debate feminista sobre la prostitución: si el Estado considera o no incompatible con los derechos de las mujeres la existencia de un mercado de acceso sexual masculino basado en el pago.
Para el feminismo abolicionista, esta distinción no es técnica sino política. Supone aceptar únicamente las formas más extremas de explotación, mientras se evita cuestionar estructuralmente la industria prostitucional y el papel de la demanda masculina. De hecho, buena parte del movimiento feminista lleva años denunciando que reducir el debate a la trata permite mantener intacto el negocio prostitucional bajo la ficción de una supuesta “libre elección”.
La exclusión de la ley también deja en evidencia la contradicción entre el discurso y la práctica política del PSOE. El partido ha endurecido en los últimos meses su retórica abolicionista, llegando incluso a reformar sus estatutos para expulsar a militantes consumidores de prostitución y reivindicar públicamente la abolición como parte de su identidad feminista. Sin embargo, esa posición no se traduce en capacidad real para convertirla en política de Gobierno.
La situación refleja hasta qué punto el feminismo institucional ha quedado subordinado a los equilibrios parlamentarios de la coalición. El Ejecutivo puede impulsar leyes sobre violencia vicaria, inteligencia artificial o modernización financiera, todas ellas incluidas en el Plan Normativo de 2026, pero no una ley abolicionista cuya aprobación choca con las posiciones ideológicas de sus socios.
Para amplios sectores del feminismo, el mensaje político es claro: la abolición de la prostitución continúa siendo presentada como un compromiso simbólico útil para el discurso público del PSOE, pero no como una prioridad legislativa real del Gobierno. Y mientras tanto, la industria prostitucional permanece intacta, sostenida por la falta de consenso político y por la incapacidad del Ejecutivo para asumir el coste de confrontar a sus socios parlamentarios.
