Señalan que están a la espera de conocer en detalle el protocolo promovido por el ministerio de Trabajo ya que temen que se vulneren otros derechos de las trabajadoras.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se ha dirigido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para poner de manifiesto sus preocupaciones por la reciente aprobación del “Protocolo de acompañamiento a personas trans en el ámbito laboral”.
El protocolo, promovido por Yolanda Díaz, afecta a la organización interna de los centros de trabajo y, de manera particular, a espacios sensibles como baños y vestuarios.
Las empresas, señalan las feministas, no son meros ejecutores automáticos de orientaciones políticas. Son responsables directas de garantizar la seguridad, la privacidad y la dignidad de toda su plantilla. Cualquier modificación que afecte a espacios diferenciados por sexo incide en derechos materiales de las trabajadoras y exige un debate público real, plural y transparente.
Cambios de esta naturaleza no pueden introducirse sin escuchar también a organizaciones feministas, como sí ha hecho el ministerio de Trabajo consultando a organizaciones LGTB, sin evaluar su impacto jurídico y sin analizar sus consecuencias organizativas. La ausencia de ese debate no elimina el conflicto: lo traslada al interior de las empresas.
Además, la eventual creación de espacios mixtos o la reconfiguración de instalaciones existentes puede suponer un desembolso económico considerable. Muchas empresas —especialmente pequeñas y medianas— no están en condiciones de asumir reformas estructurales no previstas ni presupuestadas, menos aún cuando derivan de un protocolo que carece de rango legal. La seguridad jurídica y la planificación económica son elementos esenciales de una gestión responsable.
Pero, para la Alianza feminista, existe una cuestión de fondo que no puede ignorarse: en ningún caso una adaptación puede traducirse en la desaparición o dilución de espacios exclusivos para mujeres. Los baños y vestuarios diferenciados por sexo no son un símbolo ideológico; responden a criterios de privacidad, seguridad y protección que forman parte de derechos consolidados tras décadas de reivindicación.
Las empresas deben garantizar que las mujeres continúen disponiendo de espacios seguros y exclusivos.
Señalan las feministas en su carta a la CEOE que el Ministerio genera inseguridad jurídica sin haber evaluado con rigor el impacto que supone introducir en la empresa una normativa que pone en cuestión los espacios de seguridad y privacidad de las mujeres.
Las políticas públicas que afectan a derechos sensibles no pueden consolidarse por inercia administrativa ni por presión política. Si este protocolo aspira a convertirse en norma, deberá hacerlo tras un debate abierto, con garantías y sin menoscabo de los derechos de las mujeres. Las alusiones de la ministra Díaz a las “fuerzas de odio” solo buscan crear un marco ideológico que desactive la posibilidad de ese debate.
Las feministas están a la espera de conocer qué otros elementos introduce el protocolo promovido por Yolanda Díaz, ya que temen que vulneren otros derechos de las mujeres.
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
3 de marzo de 2026
