Madrid, 18 junio. 15, AmecoPress. El Informe sobre la maternidad en la adolescencia y su impacto intergeneracional ha sido editado la Asociación Salud y Familia y está siendo distribuido a los parlamentarios y parlamentarias, las autoridades públicas, las organizaciones sociales y de mujeres y la ciudadanía activa. El objetivo de este Informe es poner al alcance de todos estos colectivos información contrastada y actualizada sobre el impacto en un conjunto de causas y efectos sanitarios y sociales intergeneracionales de las restricciones a la capacidad de las adolescentes para decidir sobre el aborto voluntario. Con ello, se pretende contribuir a una comprensión racional de las graves consecuencias que se derivarían de la restricción legal impuesta desde el Partido Popular.
Basándose en la evidencia científica disponible, el Informe analiza el impacto que la reforma legislativa del PP tiene en la salud de las adolescentes, en la salud fetal, neonatal e infantil de sus hijos e hijas, en la pobreza infantil y familiar y en los colectivos más vulnerables de adolescentes y familias. Asimismo, se analizan las consecuencias de la reforma en los derechos de las niñas y niños y de las adolescentes y en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
En la exposición de motivos de la proposición de ley, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados afirma que es de vital importancia que las menores se encuentren acompañadas de sus padres o tutores en situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo aduciendo que la vigente ley orgánica 2/2010 impide a progenitores y personas cumplir con los deberes, facultades y obligaciones que establecen los artículos 154 y 269 del Código Civil tales como velar por las menores, tenerlas en su compañía, alimentarlas, educarlas y procurarles una formación integral. El eje argumental es que la mujer embarazada debe expresar su voluntad y dar su consentimiento al aborto pero el ejercicio de estas facultades requiere de “una madurez que no puede ser presumida en el caso de las menores de edad”.
Sin embargo, según el informe, las características de la reforma legislativa consistente en imponer a las adolescentes el requisito del consentimiento parental obligatorio exclusivamente para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y no en caso de proseguir el embarazo “socava el bien común a proteger que no es otro que la maternidad responsable” y su impacto “atravesará generaciones” afectando especialmente a las adolescentes más vulnerables y en mayor desventaja social, a sus hijas e hijos y a sus familias.
Las autoras parten de la premisa de que en un Estado democrático y de derecho “los decisores políticos” tienen plena responsabilidad personal por las consecuencias, tanto positivas como negativas, de sus comportamientos públicos. Y si en el caso que no ocupa, ante todo deben comprender en profundidad las necesidades que se deben resolver, el alcance de las medidas a tomar y sus consecuencias inmediatas y futuras.
Por ello, “el objetivo de este Informe es ofrecer información científica contrastada sobre las consecuencias del consentimiento parental obligatorio para las adolescentes que decidan recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, así como el impacto sanitario y social de los embarazos adolescentes que prosiguen tras la denegación de un aborto y los efectos en las niñas/os no deseadas/os de la siguiente generación”.
Conclusiones
En las conclusiones se advierte que en la sociedad española, el inicio de las relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas expone a las y los adolescentes a una mayor necesidad de “regulación de la fecundidad” y a una “creciente necesidad de acceso a métodos contraceptivos seguros, eficaces y modernos y, en ocasiones, a tener que afrontar embarazos no deseados en el curso de su vida fértil”.
La respuesta a estas necesidades expansivas de salud reproductiva debería ser integradora, evolutiva y equitativa de tal modo que se consiguiera proporcionar una atención de salud reproductiva y aborto amplia e interconectada removiendo las barreras de todo tipo que impiden acceder a tiempo a los servicios sanitarios y dar prioridad a las necesidades específicas de los grupos de adolescentes, de mujeres y de familias más vulnerables y, por tanto, más perjudicadas por una eventual privación de derechos y atención.
La proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo da la espalda a estas orientaciones y desoye las recomendaciones explícitas del Grupo de Expertas/os de Naciones Unidas contra la Discriminación de las Mujeres que inciden sobre la capacidad de las menores de 16-17 años para decidir por ellas mismas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, según señala el texto, la obstaculización o el rechazo de acceso a procedimientos médicos que solo las mujeres requieren, como es el caso del aborto, constituye una discriminación de género y una vulneración del derecho a obtener una atención de salud segura y digna. El derecho de las mujeres a una igualdad efectiva respecto a los varones exige que estas no se encuentren expuestas a déficits y/o riesgos diferenciales que sean evitables.
Asimismo, el informe señala que las adolescentes vulnerables que se desenvuelven en entornos de oportunidades limitadas marcados por la desigualdad sufrirán daños irreparables al no poder contar con apoyo familiar por motivos de desarraigo, abuso o maltrato. Estas adolescentes, que desde una perspectiva equitativa de promoción de la salud reproductiva precisarían de una protección redoblada, se verán empujadas hacía abortos inseguros o maternidades impuestas. En el contexto social y sanitario actual en España, el menoscabo de la capacidad de las adolescentes para decidir por sí mismas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo es disonante con las necesidades de salud de las adolescentes y las familias, y se suma a la paralización que sufren las políticas públicas de salud reproductiva y a la nula protección social de la maternidad.
Por todo ello, “la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo exacerbará la privación y el desamparo en que viven las adolescentes, niñas y las familias vulnerables y en riesgo de exclusión social produciendo daños perdurables que se traspasaran a la próxima generación”, concluye el documento.
Podéis acceder al informe en el siguiente enlace: Maternidad
