La reforma propuesta por el PP introduce la obligación de que los padres o tutores manifiesten el consentimiento expreso para interrumpir el embarazo de la menor.
La enmienda de texto alternativo del Grupo Socialista ha sido rechazada con 120 votos a favor, 185 en contra y 10 abstenciones; la de IU, ICV-EUiA, CHA, con 16 a favor, 190 en contra y 108 abstenciones; y, dentro del Mixto, la de ERC con 16 a favor, 191 en contra y 109 abstenciones; y la del BNG, con 120 a favor, 186 en contra y 10 abstenciones.
El texto, propuesto por el Grupo Popular, modifica el régimen de consentimiento de las menores para la interrupción del embarazo». Según la exposición de motivos de la Ley, «es fundamental» que las menores de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus padres o representantes legales en caso de proceder a la interrupción voluntaria de un embarazo, situación considerada «de vital importancia e impacto futuro».
La proposición registrada suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores o tutores» cuya obligación de proteger a las menores está recogida en el Código Civil, alega el texto propuesto.
Así, para la interrupción voluntaria de un embarazo, además de que las menores manifiesten su voluntad, será preciso el «consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad». En este sentido, se modifica también la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
En el texto propuesto, compuesto por dos artículos y tres disposiciones finales, también se hace una remisión al Código Civil, para solucionar cualquier tipo de conflicto que surja al prestar el consentimiento por los representantes legales o cuando su decisión pueda poner en peligro el interés superior del menor.
Enmiendas a la totalidadEn el Congreso se han registrado cuatro enmiendas a la totalidad con texto alternativo. El Grupo Socialista considera la proposición de ley un «ataque a los derechos de las mujeres». Su enmienda propone modificar la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica en los términos que se incluyen en el proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia aprobado y remitido a las cortes por el Gobierno, que se encuentra en tramitación en el Senado.
Para el Grupo Socialista, la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de menores en la interrupción voluntaria del embarazo «pretende la contrarreforma de la ley vigente, una de las más dialogadas y debatidas de la democracia que consiguió un amplio respaldo político y social».
Por otra parte, el Grupo de la Izquierda Plural plantea una alternativa completa al texto Popular porque considera que se sustenta en una premisa «falsa». La Ley Orgánica de marzo de 2010 sobre salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo «no establece que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres».
«Lo regula como exigencia para poder interrumpir sus embarazos», con la salvedad de «mujeres jóvenes que demuestren graves conflictos como pueden ser malos tratos o abusos» que están exentas, continúa el grupo de IU, que califica la propuesta popular como «posición reaccionaria y retrógrada».
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formación integrada en el Grupo Mixto, considera que «amplió los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y en particular los derechos de las mujeres menores de edad». En su texto alternativo se plantea la ampliación de plazo para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las veintidós semanas sin necesidad de informe médico. Por último, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), también del Grupo Mixto, enmienda la proposición de ley porque aboga por mantener la regulación en sus términos actuales.
La proposición registrada suprime la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por sí solas, sin informar siquiera a sus progenitores o tutores» cuya obligación de proteger a las menores está recogida en el Código Civil, alega el texto propuesto.
