Chile es uno de los pocos países en los que el aborto constituye un delito, sin excepciones. Así lo estableció Pinochet antes de dejar el poder (hasta 1989 se permitía si había peligro de muerte para la madre o inviabilidad del feto).
Este 17 de marzo, tras 14 meses de intensos debates, la Cámara de los diputados -con 66 votos a favor y 44 en contra- ha aprobado el texto impulsado por Bachelet, que despenaliza y regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos:
- La mujer se encuentre en riesgo vital y esta interrupción evite un peligro para su vida (aprobado por 67 votos a favor y 43 en contra).
- El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal. Se tendrá que contar con el respectivo diagnóstico, el cual deberá ser ratificado por un médico que detente las habilidades específicas requeridas (aprobado por 62 a favor, 46 en contra y 2 abstenciones).
- Si el embarazo es resultado de una violación. Esta interrupción solo se podrá realizar antes de las 12 semanas de gestación, salvo que se trate de una menor de 14 años, donde podrá efectuarse hasta las 14 semanas (aprobado por 59 votos a favor, 47 en contra y 3 abstenciones).
Si pasa el trámite correspondiente en el Senado, se convertirá en ley.
El texto contempla también que en el caso de las adolescentes entre 14 y 18 años, deberá ser informado uno de sus representantes legales, y que en el caso de que el médico suponga que esta información puede generar un riesgo para la adolescente, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la menor indique. En este caso, además, el jefe del establecimiento de salud deberá informar al tribunal de familia para que adopte medidas de protección, añade.
Admite la objeción de conciencia del personal médico, aunque puntualiza que si la mujer acudiera de urgencia o no pudiera ser atendida por otro profesional, no podrá negarse.
Las sanciones penales desaparecen por tanto para los tres supuestos mencionados y para el personal médico que lo practicara, aunque fue rechazada la modificación del Código Penal que regula la obligación de denuncia de delito de aborto por parte de los jefes de los establecimientos de salud y personal médico.
Sí respaldó la propuesta de prohibir la publicidad sobre la oferta de centros, servicios o prestaciones para la práctica de la interrupción del embarazo.
La presidenta de Chile, Michele Bachelet, ha afirmado que «lo que pretende este proyecto es que la sociedad apoye las decisiones autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas». Y en declaraciones a la prensa chilena, explicó que “este proyecto no impone nada a nadie, lo que hace es que cada mujer, en estas instancias, pueda tomar sus propias decisiones, en función de sus valores, principios, convicciones y su realidad personal y familiar y que esas decisiones tengan el acompañamiento que corresponde”.
La presidenta confía en que «este proyecto siga avanzando en un ambiente de diálogo en el Senado y se transforme pronto en ley».
