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Un juzgado de familia de Cartagena acuerda como medida cautelar la entrega de una niña de 4 años a su padre y la privación de la custodia a la madre, pese a que aquél se halla actualmente investigado en un procedimiento por presuntos abusos sexuales cometidos sobre la menor.
Los hechos ocurrieron el pasado 24/02/2016. Ese día, la niña llegó tras estar con su padre en una de las visitas con los genitales irritados. según la madre cuando le preguntó qué había ocurrido le indicó que fue a consecuencia de tocarle su padre mientras veían la televisión.
Segun el abogado de la madre, «la llevó a urgencias pediátricas donde se activó el protocolo de agresión sexual, compareciendo el médico forense de guardia. La niña relató lo ocurrido al forense en las dependencias de urgencias, pero éste no mencionó tal hecho en el informe que al siguiente día presentó al juzgado de guardia, llegando incluso a afirmar que la niña no había dicho nada en absoluto».
La madre, que había grabado la conversación del forense con la niña cuando ésta se produjo, ha denunciado al médico forense ante el juzgado de guardia por un delito contra la Administración de Justicia (falso testimonio).
El pasado día 17/03/2016 se celebró un juicio ante el juzgado de familia en el que se inadmitió como prueba la grabación donde se escucha a la niña contar cómo se produjeron los abusos. Ese mismo juzgado en fecha de 21/03/2016 ha ordenado que se le prive a la madre de la custodia de la menor y la inmediata entrega de la niña al padre (incluso por la fuerza pública), alegando que la madre padece un trastorno mental que le hace ver abusos sexuales a su niña donde no los hay.
La Guardia Civil se ha presentado en la casa de la niña para llevársela. La madre no ha podido hacer nada para impedirlo.
Denunciar abusos sexuales a hijos menores aumenta riesgo de retirada de custodia.
Este caso no es unico. Cada año decenas de casos similares se ven los juzgados y muchos terminan con la retirada de la custodia a las madres que denuncian abusos.
El informe de Save the Children La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar (2011), ya indicaba que la inmensa mayoría de los casos de abuso sexual intrafamiliar no llegan a juicio, son sobreseidos por considerar el juzgador insuficiente la base de prueba.
Para AGAMME organizacion especializada en abusos a menores «este hecho suele tener repercusiones sobre el otro procedimiento, el civil, que regula el régimen de custodia y de comunicación de los hijos e hijas con los progenitores»
Un estudio estadounidense del año 2006 referido por AGAMME demuestra que una madre que denuncia abuso sexual intrafamiliar tiene un 70% más de probabilidades de perder la custodia que si no lo hubiese hecho. Esta tendencia es constatable a día de hoy en nuestra justicia.
Para Estrela Gomez presidenta de la citada organizacion «el mensaje es claro hacia el agente social más activo en la denuncia del abuso sexual intrafamiliar» La organizacion entiende que las madres que están denunciando sufren en los juzgados»una amenaza explícita y brutal que recae también sobre los niños y las niñas víctimas».
Para AGAMME las dinámicas de aplicación del SAP suponen una exigencia de silencio a las madres: «La madre debe callar, convertirse en encubridora o en ese fantasma ausente que nombran las persoas que sufrieron incesto en su infancia. Callar o arriesgarlo todo.»
Finalmente Gomez con relación a la resolución judicial ha indicado que «no existe ninguna evaluación de la madre que concluya que padece trastorno alguno y se está produciendo sesgo xenófobo al hablarse de un concepto ideológico y no científico como es el del síndrome de Ulises, aplicable únicamente a personas inmigrantes».
