Violencia de género. ¿Cuestión de Estado?

Cristina Hernández
Cristina Hernández
Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca. Master of Arts (University of East London) y Máster en Género y Políticas de Igualdad (Universidad Rey Juan Carlos). Especializada en violencia de género e igualdad en la Universidad Complutense de Madrid y en Middlessex University London.
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El 7 de Noviembre miles de personas salieron a las calles en Madrid para reclamar que la violencia de género sea tratada como una cuestión de Estado que necesita de un pacto social y político para ser erradicada. Estadísticamente, una mujer es asesinada cada cinco días en nuestro país y desde 2007 ya se han puesto más de un millón de denuncias por violencia de género. Si miramos con ganas de ver, la violencia de género nos afecta a toda la población. Es difícil encontrar a alguien que no tenga cerca un caso de violencia de género, una amiga, una hermana una compañera de trabajo o que la sufra directamente. Según datos del Gobierno el 12,5% de las españolas ha sufrido violencia en algún momento de su vida y el 2,7% de las españolas ha experimentado violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses.

¿Por qué la violencia de género es una cuestión de Estado? El terrorismo machista atenta directamente contra derechos fundamentales de la mitad de la población como son el derecho a la libertad, la seguridad y la vida.

¿Ha puesto el Estado los recursos suficientes para combatir este terrorismo? En los presupuestos del Estado para 2016 el programa 232C de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se ha dotado con 25.228.180 euros. Sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en 2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009. 25 millones de euros. Para para que nos hagamos una idea, 25 millones de euros es lo cuesta hacer 8 kilómetros de autovía.

Y no solo por lo irrisorio de las cifras económicas sabemos que la violencia de género no está siendo tratada como una cuestión de Estado pese a las declaraciones de miembros del Gobierno que así lo manifestaban. Recientemente CCOO ha publicado un informe que pone de manifiesto la realidad del tratamiento de la violencia de género en nuestras instituciones. Este informe manifiesta la escasa coordinación entre instituciones y como los servicios sociales no siempre son accesibles al tiempo que existen situaciones en las que existe la desprotección de la víctima y vacíos de cobertura.

¿Ha puesto el Estado los recursos suficientes para combatir este terrorismo? En los presupuestos del Estado para 2016 el programa 232C de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se ha dotado con 25.228.180 euros. Sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en 2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009. 25 millones de euros. Para para que nos hagamos una idea, 25 millones de euros es lo cuesta hacer 8 kilómetros de autovía.

Destaca este informe cómo la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra no trabajan con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género lo que provoca desconexión y desprotección a las víctimas. Pero no solo en los CFSE existe esta descoordinación. No existe en la Administración, tal y como refleja el informe, una base de datos común que se pueda consultar para casos especiales, ni un protocolo de funcionamiento que coordine los datos judiciales de la víctima, de modo que algo tan habitual como un cambio de domicilio, puede acarrear graves consecuencias. Del mismo modo, la mejor o peor asistencia y apoyo a una víctima y a sus hijos e hijas depende, en gran medida, de la Comunidad Autónoma en la que resida. Así de injusto resulta. No todas las víctimas son iguales porque no todas tienen acceso a los mismos recursos.

Por tanto, más allá de las palabras y las buenas intenciones en las declaraciones necesitamos acción política y recursos para desarrollar la legislación. Una ley sin recursos para desarrollarla es como un cochazo sin gasolina. No va a ninguna parte.

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