- La Red Feminista de Albacete denuncia coacción contra las mujeres que acuden a abortar.
La Red Feminista de Albacete ha denunciado el pasotismo institucional ante el acoso y coacciones a las mujeres que acuden a la Clínica Iris. Llevan ya dos meses de quejas por el trato que reciben estas mujeres por parte de activistas antielección, sin que haya una respuesta por parte del ayuntamiento.
«La Ley Orgánica2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva establece que el desarrollo de la sexualidad y la procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar dentro del marco legislativo internacional que establece la ONU, OMS y UE», han señalado en su carta.
Las feministas señalan que «son continuas las actuaciones a la puerta de la clínica médica, como está ocurriendo en el resto de CLM y en algunas localidades fuera de la Región» y que se trata de «personas pertenecientes a asociaciones antielección con ideología católica fundamentalista».
Asimismo, han recordado lo paradójico de la situación, ya que «estas asociaciones, que interfieren y coaccionan a las mujeres usuarias de la citada clínica, han estado subvencionadas directa o indirectamente con importantes fondos públicos por la Comunidad de CLM en la etapa anterior de Gobierno y por el Ayuntamiento de Albacete que sigue manteniendo las subvenciones en la actualidad».
Se plantean derivar a las mujeres a clínicas fuera de la ciudad
La Red denuncia también los impedimentos y molestias que se están ocasionando a las mujeres que quieren abortar, que se ven casi obligadas a acudir a clínicas fuera de la ciudad.
«La derivación a las pacientes a otras clínicas fuera de la ciudad se llegó a barajar como penosa solución si persisten las coacciones en la entrevista que mantuvimos con las autoridades sanitarias, instamos y recordamos que se cumpla la resolución de la Defensoría Del Pueblo de 25 de Febrero de 2010 que insta a las autoridades sanitarias regionales a que adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso a la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo prevista legalmente en los centros públicos del SESCAM, prestaciones sanitarias incluidas en la cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
«La mejor garantía para el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es que todas las prestaciones se realicen en la red sanitaria pública, en la que sin duda se preservará el derecho a la intimidad y la privacidad de las mujeres».
«Insistimos, de nuevo, para que las administraciones competentes adopten las medidas necesarias para poner fin a esta clara vulneración de los derechos de las mujeres y que las albaceteñas podamos recibir en nuestra localidad y en la red sanitaria pública la atención sanitaria que precisemos con normalidad».
