- La mañana del jueves 16 de junio han registrado una declaración en el Ministerio del Interior.
- Buscan adhesiones y apoyos para restituir la declaración de utilidad pública.
Este jueves la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) ha registrado en el Ministerio de Interior una declaración en la que exigen que se restituya la declaración de utilidad pública a la FPFE.
En la declaración apuntan directamente un «acto político» la revocación de su utilidad pública, siguiendo el gobierno los «argumentos morales de una asociación católica ultraconservadora». FPFE ha denunciado también que desde hace meses sufren ataques constantes por su defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
30 años de compromiso con la educación sexual
Al parecer al gobierno en funciones del PP no le interesa la salud reproductiva y sexual, ya que la FPFE trabaja desde hace décadas con diversos organismos en actividades de formación, asesoría e información sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva, y de atención dirigida fundamentalmente a jóvenes, inmigrantes o jóvenes con discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad. Durante sus casi 30 años de existencia, la FPFE ha mantenido un inquebrantable compromiso con la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y seguros como estrategias de prevención de los embarazos no deseados. Sus centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad (CJAS) son conocidos por sus buenas prácticas y cumplen un papel complementario con los recursos públicos de salud. Así lo han querido reflejar también en su declaración.
El Ministerio del Interior convierte las creencias religiosas en un instrumento para gobernar
«Denunciamos con contundencia que las creencias religiosas se conviertan en instrumento para gobernar. La planificación familiar, la educación sexual y el aborto son legales y están regulados y normalizados en nuestra sociedad, y por tanto no pueden ser motivo de criminalización ni de acciones que pongan en peligro la existencia de las organizaciones civiles que los defienden. La religión no puede estar por encima de la salud y de los derechos».
FPFE exige al gobierno que se restituya la declaración de utilidad pública como un acto de adecuación al derecho y de reparación y reconocimiento de la labor de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y en concreto por los derechos de las mujeres.
