Mientras escribo este artículo, todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alcorcón, piden la dimisión de David Pérez, a la sazón alcalde de ese consistorio, y destacado miembro del Partido Popular. La piden a causa del contenido de un discurso que Pérez pronunció en abril del año pasado en el Congreso Nacional de Educadores Católicos, y que las feministas hemos descubierto hace apenas cuatro días, cuando el vídeo empezó a circular por Internet.
Las feministas sabemos que hay que respetar la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de opinión, por eso a los argumentarios que contra nosotras despliegan los sectores más conservadores de la política, sabemos bien cuáles son los límites de nuestras respuestas: la legalidad y el rigor.
Otra de las colaboradoras de Tribuna, ya ha escrito acerca de este asunto y su transcendencia social y política, pero yo quiero hacerlo desde otro ángulo, el jurídico.
Porque dándole vueltas al vídeo de la intervención completa de Pérez en el solemne acto de apertura del congreso católico nacional de educadores, ¿o era nacional católico? (perdón, me lío), se me despierta el alma de jurista y tengo la impresión de que las palabras del alcalde pueden constituir un “discurso de odio” y por lo tanto un delito. Inmediatamente caigo en la cuenta de que tales palabras fueron pronunciadas en el mes de abril de 2015 y que entonces el artículo 510 del Código Penal no recogía los discursos de odio como actos “punibles”.
En el solemne acto de apertura del congreso católico nacional de educadores, ¿o era nacional católico? (perdón, me lío)…
Por poquito, señor Pérez. Se ha librado usted por los pelos de que las feministas interpusiéramos contra usted una denuncia de carácter penal.
Sin embargo, no lo tengo tan claro respecto a sus manifestaciones acerca del aborto. Frente a su afirmación de que “el aborto para mí es el mayor atentado contra la dignidad del hombre que se ha producido en nuestra historia; creo que es el mayor crimen humanitario y creo que por tanto hay que combatirlo”, se me rebela el alma de jurista y me veo en la obligación de recordar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es eso: un derecho, y que las mujeres que hacen uso de ese derecho no cometen ningún crimen humanitario.
Igualmente mi alma de jurista da un paso al frente para recordar que los derechos no se combaten; los derechos se refuerzan, se mejoran y sobre todo, se garantizan por las autoridades y los poderes públicos.
Me veo en la obligación de recordar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es eso: un derecho, y que las mujeres que hacen uso de ese derecho no cometen ningún crimen humanitario.
Es de esperar de este servidor público que no combata estos, ni otros derechos, pero si lo tiene tan claro, entonces debe dimitir de inmediato, porque es incompatible el servicio público con el combate contra el aborto que propone.
Tampoco creo que un servidor público pueda compatibilizar su cargo con la opinión expresada en el congreso nacional católico de educadores, de que el cuerpo de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, se convierte “en una sala de ejecución de cientos de miles de niños y niñas, indefensas”.
Porque, si lo hace, si dice eso públicamente, acusa públicamente a las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, de parricidio (nada menos). Y el alcalde sabe que no son parricidas ¿verdad?
Por último identificar movimiento feminista con aborto, y estos a su vez con muerte y violencia, en una especie de trinidad maléfica que atenta contra la paz mundial, es… inaceptable en un servidor público; es intolerable en una sociedad democrática y avanzada, y seguramente muchas cosas más; pero sobre todo, pone de manifiesto una ignorancia palmaria y una estupidez incurable.
