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El Pleno del Congreso ha instado al Gobierno a «adoptar las medidas necesarias para derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza'». La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ha sido consecuencia de una interpelación en el Pleno celebrado la semana pasada.
Según reza el texto, se solicita la derogación de dicha ley «por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales, procediendo a promover una nueva normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana».
Se pide, asimismo, «garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias, tanto para los que actualmente están en funcionamiento como las que están ya acabadas y sin funcionamiento por falta de efectivos. Y especialmente, que se normalice el buen funcionamiento de la UTE de Asturias y el módulo para madres jóvenes internas de Alicante».
El Gobierno debe, desde el punto de vista de la Cámara, «adoptar un compromiso inequívoco con la seguridad pública como instrumento esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos, mediante un incremento sustancial y sostenido de las plantillas policiales, dotándolos de mejores y más modernos medios que les permiten luchar con eficacia contra las actuaciones delictivas, especialmente contra los robos en viviendas o en instalaciones agrícolas, y ante la siniestralidad vial. En este sentido, el Gobierno diseñará y presentará ante esta Cámara, en el plazo de tres meses, un nuevo plan operativo para reducir el robo con fuerza en viviendas y explotaciones agrícolas, así como un paquete de medidas para frenar el incremento de la siniestralidad vial en las carreteras españolas».
Por último, el Congreso ha instado al Ejecutivo a «promover las reformas y adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros sea una medida restringida a supuestos imprescindibles y que no suponga más limitaciones para los internos que las indispensables para asegurar el cumplimiento de la medida que se acuerde, garantizar sus derechos, especialmente el derecho a la asistencia sanitaria, facilitar su ejercicio real y efectivo, asegurar en todo caso la necesaria supervisión judicial y mejorar las condiciones de vida y la seguridad en estos centros, revisando la adecuación de su ubicación, todo ello en un marco de máxima transparencia».
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