Funcionarios gubernamentales y otras autoridades en Nigeria han violado y explotado sexualmente a mujeres y niñas desplazadas por el conflicto con Boko Haram. Así lo denuncian desde Human Rights Watch según el relato de varias de estás mujeres y niñas. Según denuncian, el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a estas desplazadas y asegurar que tengan acceso a los derechos y servicios básicos o para sancionar a los abusadores, que incluyen líderes de campamentos, grupos de vigilantes, policías y soldados.
A fines de julio de 2016, Human Rights Watch documentó el abuso sexual, incluyendo la violación y la explotación, de 43 mujeres y niñas que viven en siete campamentos de desplazados internos en Maiduguri, la capital del estado de Borno. Las víctimas habían sido desplazadas de varias ciudades y pueblos de Borno, incluyendo Abadam, Bama, Baga, Damasak, Dikwa, Gamboru Ngala, Gwoza, Kukawa y Walassa. En algunos casos, las víctimas habían llegado a los campamentos mal servidos de Maiduguri, donde su movimiento está severamente restringido después de pasar meses en campamentos militares.
«Es terrible que estas mujeres y niñas no estén recibiendo el apoyo necesario para el horrible trauma que sufrieron a manos de Boko Haram», dijo Mausi Segun, investigador de Human Rights Watch en Nigeria. «Es vergonzoso e indignante que la gente que debe proteger a estas mujeres y niñas las están atacando y abusando».
Cuatro de las víctimas confesaron a Human Rights Watch que fueron drogadas y violadas, mientras que 37 fueron forzadas a tener relaciones sexuales a través de falsas promesas matrimoniales y asistencia material y financiera.
Cuatro de las víctimas confesaron a Human Rights Watch que fueron drogadas y violadas, mientras que 37 fueron forzadas a tener relaciones sexuales a través de falsas promesas matrimoniales y asistencia material y financiera. Muchas de las mujeres a las que coaccionaron a cambio de sexo confiesan que fueron abandonadas tras comunicar que estaban embarazadas. Además, en estos casos flagrantes, ellas y sus hijos e hijas sufrieron discriminación, abuso y estigmatización de otros residentes del campamento. Ocho de las víctimas dijeron que previamente habían sido secuestradas por combatientes de Boko Haram y obligadas a casarse antes de que escaparan a Maiduguri.
Una evaluación de julio de la situación de las personas desplazadas informó que 66% de 400 personas desplazadas en los estados de Adamawa, Borno y Yobe confesaban que los oficiales del campamento abusaron sexualmente de las mujeres y niñas desplazadas.
Estas fuerzas de seguridad, que deberían proteger a la población en su lucha contra Boko Haram, y que trabajan para el gobierno, coaccionan a las niñas y mujeres con amenazas, generando asi miedo a represalias si se denuncia el abuso.
Una joven de 17 años le contaba a HRW que poco más de un año después de huir de los frecuentes ataques de Boko Haram en Dikwa, una ciudad a 56 kilómetros al oeste de Maiduguri, un policía se acercó a ella por «amistad» en el campamento y la violó.
«Un día exigió tener sexo conmigo», dijo. «Me negué, pero me obligó. Sucedió sólo una vez, pero pronto me di cuenta de que estaba embarazada. Cuando le informé sobre mi condición, amenazó con dispararme y matarme si se lo decía a otra persona. Así que tuve mucho miedo de denunciarlo».
El conflicto de Boko Haram ha provocado más de 10.000 muertes de civiles desde 2009; los secuestros de al menos 2.000 personas, en su mayoría mujeres y niñas y grandes grupos de estudiantes, incluidos Chibok y Damasak; el reclutamiento forzoso de cientos de hombres; y el desplazamiento de alrededor de 2,5 millones de personas en el noreste de Nigeria.
El suministro irregular de alimentos, ropa, medicamentos y otros elementos esenciales, junto con el movimiento restringido en los campamentos de desplazados internos de Maiduguri, agrava la vulnerabilidad de las víctimas -muchas de ellas viudas y mujeres huérfanas no acompañadas- a la violación y la explotación sexual por parte de oficiales del campamento, policías, miembros de grupos civiles de vigilancia y otros residentes de Maiduguri. HRW ha constatado que el campamento Arabic Teachers Village, en Pompomari, no ha recibido alimentos ni medicina desde finales de mayo.
En estos casos de abusos contra mujeres y niñas, los hombres usan sus posiciones de autoridad y el poder dar comida u otros artículos, que ellas necesitan desesperadamente, para obligarlas a tener relaciones sexuales.
Una mujer en el campamento de Dalori confesaba que los residentes sólo reciben una comida al día; en su caso había aceptado los abusos de un soldado, que le propuso matrimonio, porque necesitaba ayuda para alimentar a sus cuatro hijos. Desapareció cinco meses después cuando le dijo que estaba embarazada.
Menos de cinco de las 43 mujeres y niñas entrevistadas dijeron que habían recibido asesoramiento formal después de haber sido violadas o explotadas sexualmente.
HRW denuncia que las víctimas de violación y explotación sexual pueden ser menos propensas a buscar atención médica, incluyendo asesoramiento psicológico, debido a la vergüenza que sienten. Menos de cinco de las 43 mujeres y niñas entrevistadas dijeron que habían recibido asesoramiento formal después de haber sido violadas o explotadas sexualmente.
Una trabajadora sanitaria en uno de los campamentos, que tiene 10.000 habitantes, dijo que el número de personas que necesitan tratamiento para el VIH y otras infecciones de transmisión sexual ha aumentado considerablemente, de unos 200 casos cuando la clínica del campo se estableció en 2014 a más de 500 en julio de 2016. Según se estima, muchas más mujeres podrían estar infectadas pero la vergüenza de ir a la clínica hace que no sea posible tratarlas, sufriendo en silencio y sin tratamiento.
