El Juzgado de Violencia de Género de Jaén reestructuró sus servicios para que el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal (IML) estuviesen en las mismas dependencias con el objetivo de ofrecer una mejor atención a las víctimas.
La delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, ha indicado en declaraciones a HoraJaen que “si bien el SAVA atiende a víctimas de todo tipo de delitos, resultaba necesario que se trasladase a un juzgado de competencia penal como el Juzgado de Violencia de Género, que es de donde proceden la mayor parte de las víctimas que atiende anualmente, ya que más del 50 por ciento de las víctimas usuarias del SAVA lo son de violencia de género”, ha subrayado Cobo.
La apuesta por compartir instalaciones en el mismo edificio facilita la atención inmediata y se evitan desplazamientos para pruebas periciales, Según Cobo esto facilita el proceso por el que deben atravesar las víctimas, «ahorrando procedimientos y contribuyendo también a que no se retire la denuncia».
Ahora en el mismo juzgado se halla una consulta para medicina y psicología forense de la UVI y otra del SAVA, que garantiza la intimidad y tranquilidad de la sala de espera para víctimas (de violencia de género o de cualquier otro delito).
El traslado de estas oficinas era una reivindicación de la fiscal delegada de Violencia de Género y de la magistrada del juzgado, que en numerosas ocasiones solicitaban la presencia de profesionales del SAVA y del Instituto de Medicina Legal (IML) en el mismo.
El SAVA es un servicio asistencial, de apoyo a la víctima, de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica, mientras que el IML cumple funciones periciales.
La delegada del Gobierno también ha hecho hincapié en que el SAVA lleva a cabo, desde el año 2013 y de forma pionera en Andalucía, la colaboración con el juzgado de violencia de género y de menores (también puntualmente con otros juzgados de instrucción) en la realización de las pruebas preconstituidas. Así, es la psicóloga del SAVA la que lleva a cabo la toma de declaración de testigos/víctimas, especialmente los menores de edad y personas con discapacidad intelectual, con grabación de la testifical en una sala gessel, que evita que tengan que volver a declarar nuevamente en el juicio. Durante el pasado año se llevaron a cabo 30 pruebas de este tipo.
Modelo para el resto de Andalucía
Durante la reunión mantenida, se ha resaltado las ventajas de la prueba preconstituida, que no solo protege a la víctima sino que además, ayuda a la acción de la justicia al conseguirse una declaración más sosegada y cercana en el tiempo a los hechos dramáticos que narra y por tanto, la prueba testifical cobra mayor importancia.
Tanto la fiscal como la magistrada han manifestado que la configuración actual del juzgado con la asistencia del SAVA, la participación de los forenses y la realización de las pruebas preconstituidas en la misma sede, supone un avance extraordinario y sin duda un ejemplo de funcionamiento a nivel nacional.
A lo largo del 2017 se han atendido en el SAVA a 709 personas, de las cuales a 367 se les ha abierto expediente como víctimas de delito (el 70% de estas personas usuarias son mujeres) y a 342 se les ha abierto hoja de atención.
De los 367 expedientes, el 48% son víctimas de violencia de género.
Por otra parte, se han realizado 3.562 actuaciones desde el ámbito jurídico, psicológico y social con las personas usuarias del SAVA.
