La precariedad laboral tiene rostro de mujer

Juana Gallego Ayala
Juana Gallego Ayala
Juana Gallego, vicesecretaria primera del Partido Feministas al Congreso. Profesora de Periodismo en la UAB

Ente este 1º de mayo, desde Feministas al Congreso hemos decidido crear una campaña titulada “Acabemos con los datos de la vergüenza”, con la que queremos poner de relieve las muchas desigualdades que continúan existiendo en nuestro país en todos los sectores económicos y profesionales. Ante la dejación que el gobierno – y especialmente su Ministerio de Igualdad –ha hecho de las políticas igualitarias, centrando su actividad en promocionar ideologías y colectivos ajenos a la Agenda Feminista, no podemos dejar pasar un día tan señalado como el día de los y las trabajadoras, para recordar que la igualdad es un horizonte que todavía queda muy lejos, pese a los cantos de sirena con los que se nos regalan los oídos.


Para empezar
, desde el Partido Feministas al Congreso reclamamos una Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional (LASP) porque la prostitución no es un trabajo. La prostitución es el primer sistema que crea desigualdad entre hombres y mujeres, al que se someten las mujeres como estrategia de supervivencia. Pero no podemos avalar que cualquier estrategia de supervivencia sea trabajo, de la misma manera que no se regularía la mendicidad, que también es una forma de ganarse la vida. Lo que hace falta es crear las condiciones sociales para que ninguna mujer tenga que recurrir a exponerse en una rotonda, ser enviada de club en club como si de mercancía se tratase y a dejarse violentar por cualquier hombre que esté dispuesto a pagar.

Caso de aprobarse la denominada “ley trans”, lejos de resolver los problemas de las personas que por las razones que sean sienten malestar con su cuerpo, establece la universalización del cambio de sexo, al que podría acceder cualquier ciudadano o ciudadana sin más requisito que su mera voluntad. Tal y como está redactado el anteproyecto de ley tiene efectos perniciosos en numerosos colectivos profesionales, como el de la psicología, el sanitario, el docente, el deportivo, entre otros, que ven comprometidos el ejercicio de sus derechos laborales bajo la amenaza de multas o retirada de licencia para ejercer.

Reclamamos que las “Kellys” se acojan al convenio colectivo de la hotelería, puesto que son personal estructuralmente imprescindible para el funcionamiento de dichos establecimientos. De la misma manera, denunciamos que las mujeres tienen una mayor precariedad laboral en todos los sectores laborales: el 60% de los contratos temporales y a tiempo parcial corresponden a mujeres. Las mujeres representan el 88,5% en el sector doméstico, uno de los sectores más opacos, más desprotegidos legalmente, y por cuya falta de transparencia en las condiciones de trabajo España ha sido denunciada reiteradamente por las instituciones europeas; las mujeres son el 78% en actividades sanitarias y de servicios sociales y el 66% en la educación, si bien en los niveles más bajos, ya que si ascendemos al nivel universitario se comprueba que el 41,2% son profesoras titulares, frente al 58,8 de varones, cifra que aún desciende más si se trata de cátedras, en las que el 69,2% corresponden a hombres y el 30,8% a mujeres. En todos los sectores las mujeres cobran entre un 20% y un 27% menos que los hombres (según los niveles), brecha que la pandemia no ha hecho más que agravar.

El riesgo de pobreza entre las mujeres es de un 21%, que se eleva a un 44,5% entre las que están en paro,

Las mujeres se encargan mayoritariamente de los trabajos de cuidados y al trabajo reproductivo, que no tiene ningún tipo de reconocimiento económico. Esto tiene también repercusión en el momento de la jubilación, ya que dada la menor tasa de actividad de las mujeres también acceden a pensiones más bajas; concretamente las mujeres cobran un 31% menos que sus homólogos masculinos según los datos de Eurostat de 2019. Esto, unido a una mayor esperanza de vida de las mujeres las deja en una mayor vulnerabilidad económica, especialmente si viven solas y necesitan cuidados de larga duración. El riesgo de pobreza entre las mujeres es de un 21%, que se eleva a un 44,5% entre las que están en paro, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2020.

En definitiva, este Primero de Mayo Feministas al Congreso reclama que las demandas de las mujeres trabajadoras se sitúen en primera línea entre las reivindicaciones laborales, tras muchos años en que han sido relegadas o ninguneadas y exigimos a los sindicatos que las consideren su máxima prioridad. Porque no vamos a postergar nuestras reclamaciones. Queremos que se ataje la desigualdad aquí y ahora. E instamos al Ministerio de Igualdad a que se deje de veleidades identitarias y adopte las medidas necesarias para poner fin a estas cifras que deberían avergonzar al autodenominado “gobierno más progresista” de la historia de este país.

Juana Gallego Ayala
Juana Gallego Ayala
Juana Gallego, vicesecretaria primera del Partido Feministas al Congreso. Profesora de Periodismo en la UAB

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