Jurista, doctora en Derecho
Presidenta de Feministas Radicales
@ConSandramoreno
Con ocasión de la presentación por parte del Defensor del Pueblo y del Gobierno de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las modificaciones aprobadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid de las llamadas ‘leyes trans’ de dicha comunidad, 17/2023 y 18/2023, y en el marco de la iniciativa “el Gobierno desprotege a la infancia” liderada por las organizaciones feministas Dofemco, Contra el Borrado de las Mujeres y la Agrupación Amanda Familias, resulta necesario analizar el ‘Informe Cass’ y el impacto que habrá de tener en España, a fin de exigir del Gobierno la implementación de terapias exploratorias para atender los casos de disforia en menores de edad y la suspensión de la atención afirmativa de género. En esta primera parte abordaremos el Informe Cass, y en la segunda cómo este informe está llamado a incidir en las decisiones políticas, jurisdiccionales y médicas en España.
Objetivo y metodología del Informe Cass
El Informe Cass es el resultado de una amplísima investigación acometida por la médica pediatra Hillary Cass, a petición del Gobierno británico, y a instancia de denuncias tanto de pacientes tratadas por disforia de género, como de parte del personal crítico con el funcionamiento del Servicio de Desarrollo de Identidad de Género (GIDS) de la Clínica Tavistock, del sistema de salud público británico (NHS) realizada entre 2019 y 2024.
El objetivo de la misma consistió en analizar y comprender las causas y efectos del aumento desmesurado de niñas y adolescentes que, mediante el autodiagnóstico, se identificaban como ‘chicos trans’, solicitando la ‘transición de género’, así como en valorar la actuación del NHS. Los datos resultaban llamativos no sólo por haberse disparado súbitamente en los últimos años (4.400%), sino porque suponía un cambio en la población afectada, ya que hasta entonces el malestar con el cuerpo era una condición poco frecuente que afectaba prevalentemente a varones.
El equipo de Cass, en colaboración con la Universidad de York, hizo un análisis exhaustivo de 113.269 casos de menores y jóvenes en dieciocho países y una revisión de la literatura médica al respecto, a efectos de valorar las causas de este fenómeno y evaluar la idoneidad del tratamiento que el NHS estaba ofreciendo a los menores con disforia de género.
Conclusiones del Informe Cass
Del análisis de decenas de miles de casos, la Dra. Cass llega a la conclusión de que no existe una explicación sencilla del aumento súbito y exponencial de los casos de disforia de género entre adolescentes y jóvenes. Tampoco encuentra una evidencia clara de que este fenómeno tenga origen biológico; más bien, considera que es resultado de una interacción compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales, que deben ser analizados de forma holística e individual en cada caso, apelando a buscar las causas en la infancia y la adolescencia, y resaltando la importancia de valorar los problemas psicosociales y los casos de neurodiversidad. Esto significa que muchos de los menores que refieren disforia de género serían vulnerables por tener condiciones del espectro autista, por ser homosexual o bisexual, o sufrir depresión, ansiedad, trastornos alimentarios u otras condiciones psicológicas y sociales que incidirían en su malestar.
Las conclusiones de la Dra. Cass encajan con las planteadas en 2018 por la Dra. Lisa Littman, que fue quien acuñó el término ‘disforia de género de inicio rápido» (ROGD por sus siglas en inglés), para describir un fenómeno observado por clínicos y madres y padres, donde algunos adolescentes, especialmente chicas, que no mostraron síntomas de disforia de género en la infancia, repentinamente desarrollaban una identidad de género incongruente con su sexo durante o después de la pubertad. Según Littman, la ROGD solía surgir en el contexto de problemas psicosociales preexistentes, neurodivergencias, rechazo a la propia homosexualidad, traumas previos y una fuerte influencia de los pares y las redes sociales que promovían el fenómeno ‘trans’. Concluyendo que la ROGD solía tener un impacto negativo en la salud mental de los adolescentes y un deterioro de las relaciones con su familia y su salud física.
En su informe, la Dra. Cass no encuentra evidencias claras que justifiquen la supresión temprana de la pubertad, considerando endebles las evidencias de su impacto en la disforia y la salud mental o psicosocial. Admite que el uso de bloqueadores de pubertad y de hormonas masculinizantes/feminizantes en menores presenta muchas incógnitas, ya que se desconocen los efectos que puedan tener sobre el desarrollo cognitivo y psicosexual de los menores. Igualmente, considera que no existen evidencias claras de que el tratamiento hormonal reduzca el invocado alto riesgo de muerte por suicidio.
Igualmente, el informe se destaca la falta de evidencia concluyente sobre los efectos de las hormonas cruzadas en la disforia de género, la satisfacción corporal, la salud psicosocial, el desarrollo cognitivo o la fertilidad de los menores. Asimismo, la Dra. Cass expresa su preocupación por la incertidumbre que existe sobre los resultados en altura-crecimiento, salud cardiometabólica y salud ósea de los menores, entre otras complicaciones de salud física y mental.
Entre otras cuestiones relevantes, el Informe Cass establece que la incertidumbre sobre la disforia de género es tal que no puede determinarse con certeza que los menores con esta condición la seguirían experimentando de forma duradera. Y, lo que es más significativo, la Dra. Cass concluye que no existe una base sólida de evidencia fiable sobre la cual tomar decisiones clínicas, o para que los menores con disforia y sus familias tomen decisiones informadas, porque las investigaciones sistemáticas en materia de disforia de género que se han publicado son de baja calidad; y, por tanto, no son de fiar.
Recomendaciones del Informe Cass
Tanto en su Informe preliminar (2022) como en el definitivo (2024), la Dra. Cass señala que el NHS debe proporcionar atención psicológica a los menores, que garantice la detección de trastornos del desarrollo neurológico, incluido el trastorno del espectro autista y se realicen evaluaciones de la salud mental. Asimismo, solicita que se aumente la plantilla de profesionales de la salud mental, pues concluye que ayudar a las personas a explorar las causas de su malestar no es terapia de conversión, sino parte de la atención integral que el Estado debe proporcionar a los menores y a sus familias.
Entre sus recomendaciones, el Informe Cass plantea que se haga un seguimiento controlado desde la prepubertad hasta los veinticinco años en la población que manifiesta malestar con su cuerpo y también a quienes desisten de la transición. Y abre la opción de administrar hormonas a partir de los 16 años, pero extremando las precauciones, dentro de los parámetros de un ensayo clínico, y siempre que haya una justificación clínica clara para no esperar a los 18 años, bajo la evaluación y control de un equipo multidisciplinar. De hecho, una de las medidas adoptadas por el anterior gobierno a partir del Informe Cass fue prohibir de forma provisional los bloqueadores puberales en menores de edad; decisión que el nuevo gobierno británico se plantea convertir en permanente y extender a la sanidad privada.
En todo caso, hay que considerar que el Dr. David Bell –psiquiatra del NHS y antiguo director de la clínica Tavistock, que dio lugar al Informe Cass– sí considera demostrado que los tratamientos con bloqueadores de pubertad han causado “daños considerables”, con “muchas probabilidades de ser irreversible” a los menores a lo largo de los últimos años, tanto en su desarrollo físico, como en el cerebral. Según diversas declaraciones a la prensa británica, Bell ha señalado que «no es cierto que se desconozca la seguridad de los bloqueadores de la pubertad. Sabemos bastante. Hay serias dudas sobre la mineralización ósea y los efectos cognitivos a largo plazo«, mostrando su preocupación por los graves problemas de salud que acarrean.
Implementación de las terapias exploratorias para atender la disforia
Con ocasión de la presentación del Informe preliminar (2022) de la Dra. Cass, donde se avanzó la defensa de la psicoterapia para abordar el tratamiento de los menores con disforia, el Consejo de Psicoterapia del Reino Unido (UKCP) se posicionó al respecto en noviembre de 2023, señalando que es legítimo que los psicoterapeutas consideren que la terapia exploratoria en menores es el enfoque clínicamente más apropiado para abordar disforia de género, en lugar de intervenciones medicalizadas como bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas o cirugía de reasignación, dejando meridianamente claro que la terapia exploratoria no debe ser considerada terapia de conversión.
En su posicionamiento, este organismo invocó la jurisprudencia de los tribunales británicos que han sentenciado que las críticas sobre la identidad de género, que incluyen la consideración de que el sexo es biológico e inmutable, que las personas no pueden cambiar su sexo y que ‘sexo’ y la ‘identidad de género’ son conceptos distintos, están amparadas por la Ley de Igualdad de 2010. Por lo que, “las personas que sostienen tales creencias no deben ser discriminadas” y deben ejercer libremente su libertad de expresión.
En Inglaterra –al igual que en España y todos los países donde se aprueban las llamadas ‘leyes trans’– se priva a las familias y los profesionales de la salud del derecho a atender la salud mental de los menores autodiagnosticados como trans, prohibiéndoles las terapias que indaguen el malestar con el cuerpo y la detección de trastornos, traumas o comorbilidades, por considerar que las terapias no afirmativas del género, son terapias aversivas, y se castiga severamente con multas y otras sanciones profesionales su incumplimiento. Estas restricciones legales ponen a los menores y a sus familias en situación de indefensión, violando sus garantías ciudadanas más básicas. Y viola los derechos más elementales de los profesionales de la salud a quienes les impiden cumplir libremente con sus deberes deontológicos y fuerzan a renunciar a la máxima que rige en las profesiones sanitarias ‘primum non nocere’ (ante todo no hacer daño).
Crítica a la falta de independencia de la comunidad científica
En el informe Cass se pone de manifiesto la gran presión social y política que pesa sobre la comunidad científica y sanitaria en relación con el tratamiento de la disforia de género en menores, y cuestiona la polarización y toxicidad del discurso ideológico que lo contamina. Entre otras razones, porque en Inglaterra la crítica y la discrepancia sobre este asunto se consideran transfobia y, con base en esta acusación, se acosa, cancela, despide y sanciona con multas muy elevadas y disuasorias al personal sanitario y educativo. La misma Dra. Cass ha tenido que ser protegida por la policía debido a las amenazas recibidas.
Esto último es precisamente uno de las aspectos más definitorios de las ‘leyes trans’: la atención afirmativa de género en menores y la autodeterminación del sexo están blindadas con un disparatado régimen de infracciones y sanciones muy gravosas e irracionales, que convierten en delito de odio cualquier crítica, anulando la libertad de expresión, opinión, cátedra y todas las libertades propias de los países que se precien de ser democráticos.
La cuestión trans ha dejado de ser abordada como un asunto de salud de los menores para convertirse en una trama política con una pesada carga ideológica, regulada en leyes no fundamentadas ni científica ni jurídicamente; ni consensuadas entre las fuerzas políticas, ni debatidas socialmente; cuya elaboración y aprobación siempre se hacen con total falta de transparencia y excesiva celeridad. Y decimos salud de los menores, porque es la población a la que se encamina hacia el bloqueo puberal, la hormonación y las cirugías. A los adultos que se autoidentifican como trans las leyes les permiten el cambio de sexo registral sin necesidad de que tengan que hormonarse, ni cambiar su aspecto, ni su nombre, ni demostrar nada; sólo deben invocar tener una identidad género contraria a su sexo para obtener el cambio registral.
Implicaciones jurídico-políticas del Informe Cass
Con base en las conclusiones del Informe Cass quedaron desacreditados los argumentos y directrices de la Sociedad de Endocrinología británica y, sobre todo, de la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero (WPATH), que daban por validados científicamente los datos en los que se ha sustentado la ‘atención afirmativa de género’ de menores, sin estarlo. Esto es extraordinariamente importante porque deja sin sustento científico la referencia mundial que ha validado la ‘transición’ de menores al ‘sexo sentido’ mediante hormonas y cirugías, previa transición social y el bloqueo puberal; máxime ahora que han salido a la luz presuntos fraudes e irregularidades gravísimas que apuntan a que la WPATH haya podido manipular sus estudios sobre la llamada Medicina transgénero, con participación de la Subsecretaría de Salud del Gobierno de EEUU, dirigida por la persona transgénero Rachel Lavine.
Por lo tanto, el Informe Cass patentiza una gravísima negligencia médica que ha comprometido de forma grave la salud de miles de menores y la responsabilidad legal de las instituciones sanitarias y políticas de sus países. Sin duda, el Informe Cass constituirá el punto de inflexión que servirá para exigir a la clase política la necesidad de adoptar un enfoque prudente para tratar a los menores con disforia de género en España y derogar las ‘leyes trans’ y los protocolos sanitarios y educativos que la sostienen y fomentan. En este sentido se ha pronunciado la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas apoyando el informe Cass, del que considera que ha “demostrado muy claramente las consecuencias devastadoras que las políticas sobre los tratamientos de género han tenido sobre los derechos humanos de los niños, incluidas las niñas”. Señalando con buen criterio que “sus implicaciones van más allá del Reino Unido”.
Como se señala desde la doctrina crítica y diversas organizaciones feministas de Inglaterra, España y EEUU, como Sex Matters, Dofemco, Amanda, Contraborrado, Feministes de Cataluña, Lesbians United, tenemos razones válidas para considerar que ‘atención afirmativa de género’ es mala praxis médica y que el Informe Cass servirá para poner fin a las terapias afirmativas de género y a la exigencia de responsabilidades por los daños ocasionados a quienes la promovieron, y a la clase política que la reguló con leyes blindadas con delito de odio, sacrificando innecesaria e injustamente a los menores con disforia, a los derechos de las mujeres y niñas basados en el sexo, al derecho de los menores a una educación no sexista y a toda la sociedad a la que restringen las libertades con las que en el día a día se ejerce la democracia.
