Se está produciendo un giro preocupante en determinados medios que se presentan como una línea editorial de izquierdas y han dejado de tratar el feminismo como una tradición política con historia, autoridad intelectual, producción jurídica y capacidad de intervención pública para intentar encuadrarlo como una forma de «discurso ideológico dañino» por su crítica a las políticas que pretenden vendernos que el género es una identidad humana.
Ese desplazamiento no es menor.
No consiste solo en discrepar de una posición feminista. Consiste en cambiar su estatuto público: de interlocutora legítima a amenaza moral. Y, una vez producido ese cambio, la discusión deja de girar en torno a los argumentos —deporte femenino, espacios separados por sexo, estadísticas, violencia, filiación, infancia, consentimiento, explotación reproductiva— y pasa a organizarse alrededor de una pregunta previa: si esas feministas deben siquiera ser escuchadas.
Su principal instrumento es el mecanismo de silenciamiento. La operación funciona mediante una cadena bastante reconocible. Primero, se redefine la crítica feminista a la identidad de género como hostilidad hacia las personas trans. Después, se la asocia a etiquetas estigmatizantes: “odio”, equiparación con la “extrema derecha”, “exclusión”, “transfobia”. Finalmente, esas etiquetas permiten justificar la exclusión de esas voces de espacios mediáticos, académicos, institucionales o culturales. No se informa sobre su posición, ni se la cede espacio: se la convierte en inadmisible.
El problema de fondo es que ciertos medios toman partido en la construcción de legitimidad. Durante décadas utilizaron voces feministas con autoridad cuando esas voces servían para hablar de violencia contra las mujeres, aborto, prostitución, igualdad laboral o derechos civiles. Pero cuando ese mismo feminismo entra en choque con el nuevo paradigma identitario, muchas de esas voces pasan de ser “referentes” a ser “incómodas”. La autoridad acumulada deja de protegerlas. Al contrario: se convierte en un obstáculo que hay que neutralizar. Y ahí aparece otra operación: la sustitución de liderazgos. No basta con silenciar o desacreditar a las feministas críticas de género. Es necesario promover nuevos perfiles que resulten compatibles con la línea editorial identitaria. Se produce entonces una reordenación del campo feminista desde fuera del feminismo histórico: los medios seleccionan qué feministas son presentables, qué feministas son “modernas”, qué feministas son “inclusivas” y cuáles quedan marcadas como residuales, reaccionarias o peligrosas.
Este proceso no es neutral. Es una intervención política sobre el campo feminista. El resultado es una especie de tutela mediática: el medio ya no informa sobre el debate feminista, sino que decide qué parte del feminismo puede hablar en nombre del feminismo. Y lo hace usando una categoría moral previa: quienes aceptan el marco de la identidad de género son presentadas como legítimas; quienes defienden que el sexo importa en determinados ámbitos materiales son colocadas bajo sospecha.
El deporte femenino es un ejemplo especialmente claro. La defensa de categorías deportivas femeninas se basa en una cuestión material: la diferencia sexual tiene efectos relevantes en rendimiento, fuerza, potencia, masa muscular, capacidad pulmonar y ventaja competitiva. Sin embargo, en determinados relatos mediáticos, esa defensa se presenta no como una discusión sobre justicia deportiva, sino como una forma de exclusión. Ese tipo de encuadre produce un efecto devastador: convierte derechos conquistados por las mujeres en privilegios sospechosos.
La acusación de “discurso dañino” cumple aquí una función disciplinaria. No describe solo un contenido; prescribe una respuesta. Si algo es “dañino”, no se debate: se limita, se expulsa, se desprograma, se retira, se denuncia. En ese punto, algunos medios se aproximan peligrosamente a discursos que promueven la censura.
